Hoy, a causa de las aseveraciones de los prejuiciados y facciosos “expertos independientes”, tanto Enrique Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador son para los deudos tapaderas o alcahuetes de aquel crimen atroz
Con base en medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 10 de octubre de 2014 —doce o trece días después de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa—, el peñanietismo le dio la bienvenida, en marzo de 2015, a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes: los colombianos Alejandro Valencia Villa y Ángela Buitrago, el chileno Francisco Cox Vial, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, y el español Carlos Martín Beristain.
La idea era que contribuyeran al pleno esclarecimiento de lo sucedido a los muchachos entre la noche del 26 y la tarde del 27 de septiembre de 2014, coadyuvando en las indagaciones que comenzó la Fiscalía de Guerrero y siguió la extinta PGR.
El acuerdo fue por seis meses prorrogables; la administración anterior lo renovó y la actual lo refrendó.
Antier, el GIEI concluyó al fin su corrosiva misión, dejando tras de sí un tiradero de preguntas sin respuesta y una maraña de insidias, interpretaciones y patrañas que ya nadie podrá contestar ni desenredar.
De los que integraban el grupo, solo Buitrago y Beristain persistieron y antier presentaron el sexto y último informe de su venenoso trabajo, mostrándose ante los deudos tan emocionados como frustrados.
Fieles a la patraña que desde un principio perfilaron para imponer la idea de que se trató de un “crimen de Estado” el cometido en realidad por una sanguinaria banda del narcotráfico (Guerreros Unidos), insistieron en responsabilizar de su fracaso a las fuerzas armadas (ellos impusieron el encarcelamiento de militares) porque, según Beristain, con “ocultamientos, negativas y mentiras” hicieron “imposible continuar con nuestro trabajo; llegamos al límite de lo que se puede hacer…”.
Hoy, a causa de las aseveraciones de los prejuiciados y facciosos “expertos independientes”, tanto Enrique Peña Nieto como Andrés Manuel López Obrador son para los deudos tapaderas o alcahuetes de aquel crimen atroz.
La perversidad del GIEI se reveló en toda su magnitud en diciembre de 2015 cuando, con base en la observación “a vuelo de pájaro” del “especialista peruano en fuego” José Luis Torero (que no duró ni 20 minutos) desde el borde del basurero de Cocula, negó que en ese sitio ardiera la hoguera en que fueron quemados hasta su carbonización los cuerpos de los asesinados.
El silvestre “peritaje” contradijo las evidencias recabadas a nivel de piso del muladar por los conocedores certificados de la PGR, el IPN, la UNAM, el Instituto Mexicano del Petróleo, cuatro o cinco de renombre mundial, el Equipo Argentino de Medicina Forense y la entonces respetable CNDH, que corroboraron lo fraudulento de la descalificación del GIEI, fabricante de la perfidia que pudrió todo el caso.
Y si de acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la OEA sus integrantes se alzaron en el primer año con dos y medio millones de dólares, ¿cuánto más ganaron en los restantes siete, aun si se embolsaron algo menos por la “austeridad republicana…”?
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