El ejercicio de la figura de la prisión preventiva en México es una de las miserias procesales y morales de nuestra justicia
Bien leída, en términos de poder, la figura de la prisión preventiva oficiosa es una especie de permiso para encarcelar a quien sea.
La prisión preventiva oficiosa es la figura que le da a la autoridad el poder de mantener en prisión a un presunto delincuente, mientras se cumple su juicio de culpabilidad o inocencia.
Quiere decir que puede encarcelarse a alguien con sólo acusarlo de un delito, sin haberlo probado en un juicio.
Debería aplicarse sólo a los delincuentes que son detenidos en flagrancia, al cometer el delito, dado lo cual no hay dudas de su culpabilidad.
Debería aplicarse también a delincuentes cuya culpabilidad ha sido probada por las agencias investigadoras, con apego a la ley, al debido proceso, de modo que no hay dudas de su culpabilidad.
Debería aplicarse también a delincuentes cuya culpabilidad ha sido probada pero están en libertad y pueden huir, sustraerse al alcance de la justicia, mientras se les procesa.
En México, la figura se ha usado con arbitrariedad absoluta. Tanto, que más de la mitad de los mexicanos que están en prisión, lo están bajo la figura de prisión preventiva, sin haber sido juzgados, ni hallados culpables.
Muchos de los prisioneros y de las prisioneras que hablamos, pues son sobre todo mujeres, llevan más tiempo en prisión del que ameritaría el delito que les imputan.
El ejercicio de la figura de la prisión preventiva en México es una de las miserias procesales y morales de nuestra justicia. Es una figura rechazada por el derecho mundial.
Pero las reformas constitucionales de la llamada 4T, en lugar de disminuir su ejercicio, lo han potenciado, multiplicando los delitos a los que puede aplicarse.
La ministra de la Corte, Margarita Ríos-Farjat, acaba de emitir una propuesta para disminuir la extensión penal de esta figura y sujetarla a normas internacionales. Es decir, para reformar lo dictado en la materia por los legisladores de la llamada 4T.
La propuesta de la ministra Ríos-Farjat va en el sentido de ampliar las garantías de los ciudadanos frente al poder de las autoridades para encarcelarlos.
Es una propuesta libertaria frente a las extensiones carcelarias que la ley le da a quien tiene poder.
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