¿Consenso electoral?

Viejo resabio de las épocas donde la transparencia era una exigencia, ante las sospechas sobre la cercanía de las autoridades electorales con altos funcionarios federales, la disposición para hacer pública la agenda de los 11 integrantes del Consejo General del INE y de los siete magistrados del TEPJF.

Paradojas de la pureza electoral: ninguno de los consejeros electorales publicitó sus citas con los mandos superiores de la Secretaría de Gobernación, ayer 26 de agosto. Ni la primera, en el Palacio de Covián, para arrancar las consultas sobre la reforma electoral. Ni la que ocurrió enseguida, más en corto, sobre los datos biométricos que resguarda el Registro Federal de Electores.

De un lado de la mesa, los siete integrantes de la comisión presidencial para la reforma electoral. Enfrente, ocho consejeros electorales y la secretaria ejecutiva del INE. ¿Los ausentes? Carla Humphrey, Dania Ravel y Jaime Rivera, quienes recibieron la invitación para acudir a la cita con poca antelación y no pudieron regresar a tiempo a la Ciudad de México.

Los consejeros electorales, incapaces de ocultar sus desavenencias. Hace un año, concluido el arduo esfuerzo de la elección federal, los consejeros electorales tomaron un par de semanas de descanso, antes de que concluyera el verano. La presidenta consejera, Guadalupe Taddei, los llamó a un “retiro” en un centro vacacional a las afueras de la Ciudad de México, pero apenas seis atendieron su llamado. Esta vez, las consejeras alegaron compromisos previamente agendados —aunque no hay aviso en el micrositio del INE— mientras que Rivera simplemente hizo mutis.

La segunda reunión —celebrada en unas oficinas ubicadas en la colonia Roma Norte— pasó casi desapercibida, pero no resulta menos significativa. El encuentro fue breve, aunque revelador: participaron el presidente de la Agencia de Estrategia Digital, Pepe Merino; el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina; el titular de Renapo, Roberto Arce Vargas, y por parte del INE, Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López, Jorge Montaño y la presidenta, Guadalupe Taddei.

El tema central fue la colaboración para la identificación de personas desaparecidas, un asunto delicado en el que se busca aprovechar la infraestructura de registro e identificación del Estado, siempre bajo el resguardo de los datos personales. Se habló de la firma de un convenio de colaboración que, de concretarse, abriría un cauce inédito entre el órgano electoral y el aparato de seguridad y derechos humanos, con el fin exclusivo de apoyar a víctimas en tema de identificación de desaparecidos

En ambas reuniones, quedó claro que el INE no sólo será un actor técnico en la reforma político-electoral, sino que también empieza a colocarse como socio institucional en tareas sensibles del Estado.

La primera reunión —efectuada en la biblioteca de Bucareli, que estrenó un magno retrato de Lázaro Cárdenas— ocurrió bajo la anfitrionía de la secretaria Rosa Icela Rodríguez y fue conducida por el comisionado presidencial, Pablo Gómez, quien anunció que el INE será convocado a participar en una mesa formal de trabajo destinada a revisar con rigor técnico y metodológico los alcances de la reforma.

El eje de la reforma en ciernes, recalcó, será preservar la confianza ciudadana en las elecciones, mientras que la consejera presidenta propuso elaborar una lista de temas irreductibles que deben ser abordados desde el inicio. ¿La intención? Trabajar con una agenda estructurada que dé orden y certidumbre al proceso.

Entre esos temas están: la organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales; los tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y su compaginación con los calendarios electorales locales; el diseño de la educación cívica; la especialización técnica y operativa del personal; el uso de nuevas tecnologías; la autonomía legal y financiera; la transparencia y, el modelo de comunicación política.