¿Comisionados en fuga?

Yolli García Álvarez pudo ser la reina de la transparencia si hubiera materializado el sueño de todos los comisionados de los órganos estatales garantes, pero ahora vive la peor pesadilla que enfrenta cualquier servidor público. La expresidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a Ia Información (IVAI) fue detenida el pasado jueves 26, apenas unos minutos después de que perdiera el fuero constitucional.

Recluida en el penal de Pacho Viejo, la también exmagistrada se había despedido unas horas antes de sus colegas del Sistema Nacional de Transparencia —instancia a la que concurren los comisionados estatales, el INAI y funcionarios de la función pública y la ASF— sin sus habituales requiebros.

Acusada de colusión, ejercicio indebido de la función pública y abuso de autoridad, la expresidenta del IVAI quiso evitar el banquillo de los acusados, infructuosamente. Alfonso Velázquez Trejo, titular del Órgano Interno de Control había requerido datos sobre su patrimonio y sus viajes, además de contratos sobre servicios contratados durante su cuatrienio. Esa instancia actuó por la queja interpuesta por el arrendador del edificio de seis plantas donde el IVAI tiene su sede central: los cheques para cubrir la renta resultaron falsos y la deuda acumulaba 3 millones de pesos.

Ante su negativa de rendir cuentas, el contralor determinó suspenderla de sus funciones, una semana antes de que concluyera su cargo. García Álvarez tramitó un amparo, que le fue negado. Y ante el juez que resolverá su caso, ya detenida, solicitó libertad bajo caución, pero los fiscales han acreditado que en los últimos cuatro años ha realizado un centenar de viajes, nacionales e internacionales, con cargo al erario.

Al día siguiente del operativo de captura, ordenado por el fiscal Alfredo Corona Lizárraga, ocurrió la renuncia voluntaria de Arturo Mariscal Rodríguez y José Rubén Mendoza Hernández, quienes completaban el pleno. Este último asumió la presidencia del IVAI hace seis meses. Exsecretario de acción electoral del PRI local y primo del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, llegó al cargo sin el aval de la oposición.

Veracruz se sumaría a Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, donde en el último semestre han ocurrido cambios drásticos en la integración de los órganos garantes. El más reciente, apenas hace 30 días, cuando el Congreso hidalguense revocó el nombramiento de los cinco comisionados del Instituto de Transparencia estatal, por mandamiento judicial. El proceso de selección de los funcionarios había sido impugnado por un excluido de la promoción, quien obtuvo la protección de la justicia federal.

La limpia en los órganos garantes comenzó hace un año en Tlaxcala, con la destitución —por decreto legislativo— de los tres comisionados del instituto local. Determinantes en su caída —explican integrantes del SNT consultados al respecto— fueron los contubernios instigados por Yolli. En Chiapas, Durango y Baja California, su injerencia causó divisiones.

Estos hechos han provocado tremores entre los integrantes del resto de los órganos garantes, quienes asumen que las mayorías morenistas han iniciado una ofensiva en su contra, que buscaría el desmoronamiento del SNT. En vísperas de la renovación de dos posiciones en el pleno del INAI, tal intentona parecería un despropósito.

La acción penal contra García Álvarez —decana entre los comisionados de los órganos garantes estatales y coordinadora nacional del SNT en el 2016— no tiene precedentes. Abogada por la UNAM y catedrática especializada en derecho electoral, hizo carrera en el Centro de Capacitación Electoral del TEPJF antes de desempeñarse como secretaria de Estudio y Cuenta en ese órgano jurisdiccional.

En el 2005 fue nombrada magistrada de la sala regional correspondiente a la III Circunscripción, con sede en Xalapa. Esa instancia resolvió las impugnaciones del PAN contra la elección de Duarte de Ochoa.