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Por donde se le vea, la designación de quien relevará a Luis Raúl González Pérez en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es una descomunal marranada. A las porquerías que precedieron a la toma de protesta a Rosario Piedra Ibarra la noche de lunes, se sumó el hallazgo de que la señora nunca debió figurar entre los aspirantes porque tenía el cargo de consejera nacional en Morena, según reporte del 24 de octubre al Instituto Nacional Electoral, lo cual la inhabilita porque el titular de la Comisión debe satisfacer, entre otros requisitos, el de “no desempeñar ni haber ocupado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación”. Así lo mandata la fracción cuarta del artículo noveno de la Ley de la CNDH.

La premiada en falso declaró a El Universal que fue activista de esa agrupación hasta el pasado 7 de noviembre, cuando renunció a su militancia, y aseguró que “es falso” que tuviera un cargo de responsabilidad en el Movimiento de Regeneración Nacional.

Interrogado ayer al respecto, su principal promotor, el presidente de la República, confió en que “eso lo resuelva la instancia legal correspondiente pero, si ya la eligieron en el Senado, entonces creo yo que ya ella es la presidenta”.

El problema, sin embargo, es que a ningún senador se le ocurrió buscar y tomar en cuenta las obligaciones que debieron cumplirse para proceder a la elección, y se supone que todos los servidores públicos machuchones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial juran respetar y aplicar las normas que establece la Constitución y las leyes que de ella emanan, como por ejemplo (¡vaya detalle!) la que rige el funcionamiento de la CNDH.

Dicho de otra manera, lo que menos importa es lo que haya resuelto el Senado si pasa por encima del sistema legal vigente.

Andrés Manuel López Obrador insistió: “Eso lo tienen que decidir los senadores. Entiendo que ya lo resolvieron, porque cuando se hace un proceso de esta naturaleza se ve si la persona cumple o no con los requisitos…”, exactamente lo que ningún senador hizo y de lo que debieron prevenirlo sus correligionarios.

Se entiende la confianza que el Presidente mantiene en el nombramiento de Piedra: dio por cumplida la tarea que no hicieron los irresponsables legisladores.

Es comprensible que el primer mandatario no lo sepa todo, pero indigna (atemoriza inclusive) que ninguno de sus achichincles le informe de cosas tan medulares como las que a él, más que nadie, le importan sobremanera.

Quizá por eso dijo ayer también que “los que habían manejado durante todo el periodo neoliberal” la CNDH dieron “muy malos resultados porque nunca, nunca, repito, hicieron nada efectivo para castigar a violadores de derechos humanos”.

Más allá de que el organismo carece de facultades para “castigar”, lo cierto, con la pena, es que el Presidente, al proferir tan injusta descalificación, está rotunda, absolutamente equivocado.