En aprobación de la economía, Trump, que en enero de 2025 tenía 6 puntos porcentuales, ahora tiene -19
Terminada la tregua de Navidad y Fin de Año, el “presidente de la paz” volvió a sus guerras.
Internamente, abrió un nuevo frente de guerra contra Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, en venganza por no reducir las tasas de interés cuando él lo pidió, tratando de intimidarlo para forzarlo a dejar de tomar decisiones basadas en evidencia y comportamiento económico, para ayudarle a ocultar la ineficacia de su gobierno en ese campo.

En respuesta, todos los expresidentes de la Reserva Federal se unieron a un grupo bipartidista de exsecretarios del Tesoro y ex altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que rechazaron y calificaron de improcedente la investigación a Powell, advirtiendo que es ilegal, amenaza la independencia del Banco Central y el imperio de la ley, además de reacciones como caos y desconfianza en el mercado de valores y depreciación del dólar.

La encuesta más reciente señala que el 91% de estadounidenses demanda la autonomía de la Reserva Federal, que él está aferrado a controlar.
Al tiempo que analiza nuevos planes de ataque a Irán, sugeridos por el genocida Benjamín Netanyahu en su última visita, Trump se rasca la cabeza en busca de soluciones en Venezuela, por la ausencia de un plan postextracción de Nicolás Maduro, que generó incertidumbre en empresas petroleras; reitera su obsesión por arrebatar Groenlandia a Dinamarca, aun a riesgo del futuro de la OTAN, y sus amenazas a Colombia, México y Panamá.
No solo eso, consciente de que cada vez más estadounidenses lo rechazarán en las elecciones intermedias de noviembre por sus promesas rotas en la economía y por sus tarifas basadas en una falsa emergencia; la violación de la ley que obliga al Departamento de Justicia a difundir los archivos secretos de Jeffrey Epstein, su alma gemela, también amigo de su esposa, del que solo se ha difundido el 1%, o su promesa de evitar más guerras, amén de su abierta corrupción, ordenó un tsunami de medidas a gobiernos estatales republicanos.
Como la inmediata implementación de dramáticos y abusivos cambios al voto tradicional y leyes electorales para inclinar la balanza a su favor, usando todos los recursos que tiene a su alcance, aun cuando la Constitución otorga la responsabilidad de las elecciones a los estados.
Luego de su exigencia a legislaturas dominadas por republicanos de que cambien la distribución de distritos electorales a su favor (lo que se hace cada diez años tras el censo), Trump sugirió un tsunami de cambios potenciales a los comicios, como que gobiernos republicanos persigan a sus opositores políticos, que hagan más difícil el voto eliminando el sufragio por correo y el uso de máquinas de votación.
En una reciente reunión con legisladores republicanos, el presidente Trump habló, alarmado, de la amenaza “existencial” para su gobierno: el virtual triunfo demócrata en las dos cámaras del Congreso.
Insinuó que “podría cancelar las elecciones”, pero carece de autoridad para hacerlo y no lo haría porque lo acusarían de ser un “dictador”, pero advirtió que “eso significaría un tercer juicio político” y el fracaso de su Proyecto 2025, por lo que pidió ayuda para modificar las elecciones con apoyo de los gobernadores de su partido.
Hasta la fecha, Texas, Carolina del Norte y Missouri han cambiado la distribución de distritos electorales para diluir el voto de la población negra y latina.
Pese a todos sus esfuerzos por sembrar caos en la elección, Trump tiene el apoyo incondicional de un gabinete que —lejos de una verdadera asesoría como en otros gobiernos— acata órdenes con obediencia, por lo que solo la Suprema Corte puede intervenir en procedimientos a los que hasta ahora se han negado los estados de Indiana, Kansas y New Hampshire.
Algunos gobiernos estatales demócratas tratan de contrarrestar esa acción con maniobras similares en California y posiblemente en Virginia, tan pronto se conozca el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley de Derecho al Voto.
También pide suprimir el voto por correo, que afectaría a una docena de estados y del que dependen numerosas personas de edad avanzada, así como la exigencia de prueba de ciudadanía al momento de votar y, antes de la elección, un nuevo censo; mientras, el Departamento de Justicia exigió a 40 gobiernos estatales —de los que demandó a 23— la entrega de padrones electorales, a pesar de advertencias de que similitudes imprecisas podrían confundir y frustrar a los votantes, afectando el resultado de la elección.
La Casa Blanca dice que “quiere asegurarse” de que los estados siguen los procedimientos leales, de los que la Constitución no da facultad al gobierno federal.
Diez entidades ya entregaron información confidencial de los electores.
De acuerdo a expertos, eso generará múltiples problemas, confusión y temor en una gran cantidad de estados, así como la erosión de la confianza en las elecciones.
El plan de Trump también contempla modificaciones en el conteo de las boletas con “voluntarios”, rechazo de boletas entregadas un día después de la elección y eliminación de máquinas de votación, que serían sustituidas por boletas más difíciles de contar, prolongando el anuncio de resultados, como asegura el diario Washington Post.
Trump también podría ordenar el desplazamiento de fuerzas armadas para “vigilar la elección”, que podría usar para ordenar a las tropas “decomisar” equipos de votación y boletas, como trató de hacer durante la elección de 2020, pero no pudo debido a que la ley federal prohíbe desplazamientos militares en casillas porque podrían intimidar a los votantes.
Pero volviendo a la inédita “investigación criminal” contra Powell por “incompetencia” y “malos manejos” del presupuesto de 2 mil 500 millones de dólares para la primera renovación —en cien años— del cuartel general de esa institución, Powell respondió con firmeza:

“Estos son pretextos; esa amenaza de ‘cargos criminales’ es consecuencia del método de la Reserva Federal para fijar tasas de interés, más basadas en el comportamiento de la economía en lugar de las preferencias del presidente”, advirtió Powell en un video grabado.
Desde julio de 2025, Powell se lo aclaró a Trump en su cara, explicando que el papel que le mostró incluía gastos previos en otras instalaciones. La investigación provocó nerviosismo de republicanos en el Congreso y el desplome de mercados de valores.
Las más recientes encuestas señalan que el 91% de votantes demócratas, 75% de independientes y 41% de republicanos apoyan la independencia de la Reserva Federal y sus decisiones; y aun cuando Powell tiene -3 puntos de aceptación, Trump lo rebasa con -23 puntos.
En aprobación de la economía, Trump, que en enero de 2025 tenía 6 puntos porcentuales, ahora tiene -19.
