Un país ayuno de talentos

Esta semana quedó plenamente confirmado lo que trascendió el viernes anterior, luego de que el presidente López Obrador departiera con los empresarios más poderosos de México: al Congreso federal llegará una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional quede bajo la férula del Ejército.

Alfonso Durazo, el ex secretario de Seguridad que prefirió realizar su clasemediero y aspiracionista sueño de gobernar Sonora, justifica de este modo la sorprendente resignación a que la bisoña y aún poco efectiva corporación no conserve un saludable mando civil:

“Con esa idea se creó, pero no hay un mando civil. Era lo que yo decía cuando estaba ahí. No, no hay un liderazgo civil que tenga capacidad para conducir una organización que su base original está formada por ex militares y ex marinos…”.

Vaya confesión, pero, ¿por qué fingió durante ¡dos años! ser lo que, por lo visto, nunca pudo ser? Su razonamiento no tiene lógica: fue con policías militares (formados en el campo de la Secretaría de la Defensa Nacional en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México) que, a finales del gobierno zedillista y con el personal de la Policía de Caminos, se refundó y modernizó la Policía Federal, uno de cuyos primeros operativos fue el exitoso desalojo blanco del Auditorio Justo Sierra (o Che Guevara, como lo renombró el entrañable Luis González de Alba, del Consejo Nacional de Huelga en el 68), con lo que se puso término al casi un año de paralización de actividades universitarias que impuso el violento, corrosivo y senderoso Consejo General de Huelga.

“Ex militares y ex marinos”, como bien dice Durazo, fueron “base original”, pero no exclusiva, de la Guardia Nacional.

Sin embargo, al menos en el discurso de la 4T, también civiles de nuevo ingreso, más casi 40 mil agentes de la institución que nunca debió desaparecer: la Policía Federal, sobre la que pesó la calumnia de que “se echó a perder” y que a la vuelta de 20 años estaba conformada, mayoritariamente, ya no por militares ni policías federales de la extinta Procuraduría General de la República ni policías de Caminos con fama de extorsionadores, sino por profesionistas de distintas disciplinas universitarias con vocación policiaca, forjados en la idea de que la mejor (o menos peor) seguridad pública es la que tiene una cabeza civil.

Parafraseando la frase atribuida a Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan ayuno de aptos.

Así como quiere imponerse la insensatez de que solo el ministro Arturo Zaldívar, mediante la inconstitucional extensión de su mandato como titular de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, puede aplicar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (porque sus diez pares del Pleno proceden “del viejo régimen”, el mismo constitucionalmente republicano de ahora), para dirigir la Guardia Nacional no hay un solo civil, entre 126 millones de mexicanos, que tenga “capacidad” para manejar una corporación que se prometió mantener sometida a una jefatura civil.