Para sus integrantes y un amplio sector de los detractores de la “verdad histórica” conviene la perversidad de hacer lo que sea para que el crimen permanezca vivo, como herida abierta, de aquí a la eternidad…
Con argumentos irrebatibles, el GIEI acabó de sepultar los pantallazos que Alejandro Encinas dio por ciertos pero también insistió antier en culpar al Ejército de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa (lo que si fuera cierto fundamentaría la insidia de que se trató de un “crimen de Estado”). Esa tesis la viene proclamando desde hace ocho años y en ella se han trepado los acompañantes y asesores de los padres de Los 43 y los asesinos excarcelados y habilitados de testigos protegidos.
Las actuaciones probablemente criminales de militares ya son casi indistinguibles entre los indicios, patrañas, evidencias, testimonios, interpretaciones, prejuicios, propósitos políticos y formalidades jurídicas que tienen en la cárcel a cuatro militares. Tres de ellos (capitán José Martínez Crespo, subteniente Fabián Alejandro Pirita y sargento Eduardo Mota Esquivel) están acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, pero el ex comandante del 27 Batallón de Iguala (José Rodríguez Pérez), solo por delincuencia organizada.
Eso indica que la debatible liga con Guerreros Unidos sirve para efectos jurídicos, pero discursiva y políticamente, por el ingrediente narco, se siembra la especie de que los cuatro participaron en el crimen. Y la fachada de “legalidad” era el informe Encinas que los pantallazos pulverizaron.
Los encargados de fabricar otra verdad no se pueden quedar en el discurso mediático y tienen que perfilar un enfoque judicial (desaparición forzada) con artificios porque la acusación carece de sustento. Implicar a los militares en delincuencia organizada da cierta verosimilitud a la mentira histórica que se pretende imponer.
El GIEI sostiene que los chats de Chicago de la DEA bastan para sostener su acusación contra el Ejército, pero de los mismos (los conocidos hasta hoy) no se deriva su injerencia institucional en aquella atrocidad.
También enlista el GIEI insuficiencias, irregularidades, ocultamiento de información militar (lo pedido y negado), sus propias investigaciones y hasta los guacamayaleaks, pero ni todo junto demuestra la responsabilidad del Ejército.
Ninguna de las investigaciones anteriores (PGR, GIEI, Grupo Argentino de Antropología Forense, Centros Pro y Tlachinollan, CNDH) ha descubierto un solo elemento que implique penalmente a los militares, pero sí la Fiscalía General de la República en sus endebles consignaciones y la comisión de Encinas con los pantallazos chafa.
Ahora, lo mejor que se puede hacer para enderezar la investigación es continuar la línea que marcó hace cuatro años la Oficina Especial de la CNDH, en vez de necear con inventar historias. Con su discurso contra el Ejército, el GIEI busca prolongar su corrosiva “asistencia” en el caso y postergar ad infinitum la conclusión y cierre del tema.
Para sus integrantes y un amplio sector de los detractores de la “verdad histórica” conviene la perversidad de hacer lo que sea para que el crimen permanezca vivo, como herida abierta, de aquí a la eternidad…
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