Al defender la tesis de que la víctima murió por bronco-aspiración, asegura que la necropsia morelense fue realizada por médicos certificados, incapaces de alterar pruebas o fabricar delitos
Con dos autopsias a un cadáver y conclusiones tan excluyentes entre sí, lo que más enturbia el caso Ariadna es la explotación política del caso y la ausencia de una narrativa lógica en cada una de las versiones.
Para sostener que fue un asesinato vil y no ahogamiento por congestión alcohólica, con variados elementos la jefa del Gobierno capitalino cometió el desliz de invadir funciones ajenas a su responsabilidad al erigirse Ministerio Público y jueza para acusar y condenar al fiscal de Morelos por supuesto encubrimiento de lo que hiede a feminicidio.
Aprovechando el caso para su causa personal, catapultó su precampaña virtual por la primera magistratura, adoptando una dolorosa veta de la causa feminista (que no ha sido del agrado del presidente López Obrador, quien la supone movimiento “fabricado” por el neoliberalismo corruptor).
De paso, Sheinbaum afianza su relación con el gobernador moreniano Cuauhtémoc Blanco, quien ha venido fracasando en su afán de que el congreso morelense destituya al fiscal Uriel Carmona.
Lo que permanece fuera de la estruendosa declaratitis es lo que más importa para la efectiva procuración e impartición de justicia: la causa precisa de la muerte de Ariadna Fernanda López, lo cual no es materia de quienes vienen hablando generalidades como los fiscales de Morelos y Ciudad de México, la jefa de Gobierno y el Presidente de la República. La narración que se requiere es:
a) La de los médicos forenses que practicaron las necropsias, con la explicación de las contusiones que presentó el cuerpo de Ariadna y que según Carmona no fueron letales;
b) El porqué se dejó en libertad al probable feminicida pese a que del rastreo de su teléfono celular se comprobó que estuvo en el sitio carretero donde un ciclista localizó el cadáver y
c) De la fiscal Ernestina Godoy (o Claudia Sheinbaum aunque no le corresponda) sobre cuál o cuáles golpes y en dónde que ambas autoridades hallaron en el cuerpo es o fueron la causa del deceso.
En el cruce de dimes y diretes y aunque se apetezca sumarse a la descalificación y linchamiento del fiscal de Morelos, a éste hay que reconocerle ser el único que, sin histeria ni estridencia, mantiene un discurso técnico-jurídico, apelando a su carrera de 28 años en el servicio público y a los canales institucionales para que el caso finalmente se aclare.
Al defender la tesis de que la víctima murió por bronco-aspiración, asegura que la necropsia morelense fue realizada por médicos certificados, incapaces de alterar pruebas o fabricar delitos.
“Niego categóricamente los señalamientos realizados por cualquier servidor público hacia mi persona y a la institución que encabezo”, dice, y declina sin chistar la investigación de esta muerte para que se haga cargo su par capitalina que lo acusa. Y lo mejor es que anuncia lo que debiera también hacer el MP capitalino: que los forenses detallen públicamente cómo carajos llegaron a tan repelentes conclusiones.
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