Aunque los contenidos del hackeo al Ejército son un banquete suculento, es obvio que quienes lo realizaron cometieron un delito cibernético
Guacamaya somos todos, todos los afectados por la invasión y despojo de Abya Yala (el continente americano en alguna lengua indígena).
Somos hijas e hijos de quienes defendieron la vida con la vida misma; somos del sur, del centro, del norte, del Caribe; estuvimos, estamos y estaremos en cualquier lugar donde el invasor, el colono, el neocolonista, el saqueador extractivista, viole los derechos de las comunidades y culturas, exterminando bosques, ríos y mares para acumular lo que considera riqueza”, asegura el grupo de hackers que se alzó con las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde el punto de vista conceptual, su discurso viene como anillo al dedo a la 4T, que sigue sin superar la Conquista de hace 500 años pese a que la fusión cultural prehispánica-española gestó la nacionalidad mexicana.
Guacamaya declaró lo entrecomillado a Forbidden Stories, el proyecto creado en 2017 por Reporteros sin Fronteras y Freedom Voices Network para “dar seguimiento y publicar el trabajo de otros periodistas que no pueden seguir desarrollándolo porque han sido amenazados, encarcelados o asesinados.
Nuestro objetivo: mantener vivas estas historias y procurar que una mayor cantidad de personas tenga acceso a una información independiente sobre temas importantes relativos al medioambiente, la salud, los derechos humanos y la corrupción (…), y coloca al periodismo de investigación en el centro de la lucha por la libertad de prensa y la protección de los periodistas.
Emplear el periodismo para defender el periodismo y garantizar así el acceso a una información libre e independiente, ese es el objetivo de esta innovadora iniciativa. “Forbidden Stories es un claro mensaje que enviamos a los predadores de la libertad de información de todo el mundo”, según sus fundadores Christophe Deloire (RF) y Laurent Richard (FVN).
Resulta inevitable asociar el hackeo revelado por Carlos Loret con WikiLeaks, no solo por el balconeo de información secreta sino porque el presidente López Obrador aquilata las del célebre sitio web como un encomiable y extraordinario ejercicio de libertad de expresión, al grado de ofrecerle asilo a su fundador, Julian Assange (a quien el gobierno estadunidense quiere procesar por 18 delitos).
Aunque los contenidos del hackeo al Ejército son un banquete suculento, es obvio que quienes lo realizaron cometieron un delito cibernético.
Por improbable que sea dar con los perpetradores y pese a que coincide con su enfoque indigenista y anticolonialista, es de suponerse que, el gobierno de AMLO eche a andar las formalidades legales en busca de castigo, lo que contrasta con su oposición al encarcelamiento y denodada defensa de Julian Assange.
El delicado tema se vuelve divertido imaginando que, localizados que fueran, a los hackers de Guacamayas los apapachara el gobierno de Joe Biden arguyendo “libertad de expresión” y, en correspondencia y por desquitarse, les ofreciera su asilo…
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