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En el municipio de Zongolica, Veracruz, casi 50 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta. Tiene alrededor de 44 mil habitantes, 37 mil viviendo en la pobreza y la miseria extrema. Casi todos hablan náhuatl, pero los libros que llegan a las escuelas no contemplan las variantes dialectales de la zona. La mayoría de la gente es monolingüe, con grado promedio de escolaridad de cinco años y medio. Más de 90 por ciento de las viviendas tiene electricidad, pero 42 por ciento no tiene agua entubada. Es menor a 10 por ciento el acceso a una computadora, un automóvil o un teléfono fijo, y menos de cuatro por ciento de los hogares tiene internet.

Datos como éstos hacen más mucho incomprensible la consulta que a mano alzada hizo ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador a su audiencia indígena en su visita al Hospital Rural de la cabecera municipal: “A ver, en honor a la verdad, que levanten la mano los que saben qué es el Coneval. Bueno, que levanten la mano los que no saben qué cosa es…”.

Con el resultado previsible, confirmó su prejuicio de que en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social no conocen a las comunidades y éstas “no los conocen a ellos”.

El sondeo le dio pretexto para volver a bulear al organismo que supone creado para simular atender la pobreza en México.

Como es obvio, alguien muy ignorante o en extremo perverso le ha hecho creer que el Coneval atiende el flagelo de la pobreza. Falso. Fue concebido para evaluar la política social del gobierno federal, y lo ha venido haciendo con reconocida eficiencia en las administraciones del PAN, con Felipe Calderón, y del PRI, con Enrique Peña Nieto.

La descalificación le sirvió para irse contra otras entidades autónoma, como el Sistema Nacional Anticorrupción y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: “Todos los organismos con oficinas, funcionarios bien pagados, oficinas lujosas rentadas. Este Coneval, un edificio moderno…”.

En esa lógica, procede preguntar si los organismos públicos (autónomos o no) debieran operar a la intemperie o en edificios antiguos y si a sus funcionarios debe pagárseles mal. Como es evidente, a López Obrador le molesta otro dato equivocado: que el secretario ejecutivo del Coneval (que cesó la semana pasada, Gonzalo Hernández Licona) ganara, según dijo, 220 mil pesos mensuales. Es mentira. En realidad no llegaba a 100 mil. El salario de 108 mil pesos que AMLO se autoasignó es bajo, bajísimo, para lo que merece un titipuchal de servidores públicos. ¿Qué tal los fiscales y mandos policiacos tan codiciados por asesinos?

De la “consulta” dominguera en la Zongolica, qué bueno que no preguntó a su audiencia el significado del Cenace o la CRE (Centro Nacional de Control de Energía y Comisión Reguladora de Energía, respectivamente), porque dos de los nuevos comisionados que impuso tampoco tenían la menor canija idea…