Entre éstas, destaca una nueva postura ante la austeridad republicana —uno de los distintivos de los gobiernos morenistas— que para el ISSSTE se ha convertido en una barrera… al menos en la limpieza en sus inmuebles
En plena mudanzas, la directiva del ISSSTE se ha convertido en un dolor de cabeza para el segundo piso de la Cuarta Transformación. El desalojo del edificio de Buenavista o la conversión de la tienda Superissste de Vértiz —tras una década de desaliño y vandalismo— son apenas incidentales en un cambio de criterios que ya encontró sus primeros escollos.
Ya hubo decisiones de política pública —el cambio a la edad de retiro para los derechohabientes— que requirieron de una corrección drástica, ante el rechazo que provocaron entre la burocracia. Otras decisiones administrativas, igualmente mal fundamentadas, ya están sujetas a revisión.
Entre éstas, destaca una nueva postura ante la austeridad republicana —uno de los distintivos de los gobiernos morenistas— que para el ISSSTE se ha convertido en una barrera… al menos en la limpieza en sus inmuebles.
El contrato de los servicios especializados de aseo, higiene y desinfección de unidades médicas, estancias del bienestar, clínicas, laboratorios, quirófanos, anfiteatros anatómicos, morgues, velatorios, cocinas, comedores del personal y en general de los edificios en uso o propiedad del ISSSTE consta de cuatro partidas y fue asignado el pasado 12 de febrero por la dirección de administración y finanzas.
Hubo nueve empresas licitantes, entre ellos Fonatur Infraestructura. El contrato fue asignado a la firma Ocram Seyer, en participación conjunta con Wilk, no obstante que presentaron una propuesta por 1,024 millones de pesos —incluye los conceptos de costo directo, gasto social, costos indirectos y utilidad— y no obtuvieron la calificación más alta en la evaluación técnica.
La empresa con la calificación más alta impugnó el fallo. Otros participantes también acudieron al Órgano Interno de Control del ISSSTE, adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El testigo social Jorge Javier Jiménez Alcaraz —también adscrito a esa dependencia— juzgó que la licitación fue “opaca de principio a fin” y se condujo con “discrecionalidad en favor” de Ocram Seyer–Wilk.
Ante esos elementos, el OIC requirió un informe, que elaboró la subdirección de recursos materiales del ISSSTE: “De conformidad a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y trasparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, se pone en riesgo el suministro del servicio al contratar con precios que no obedecen a la naturaleza del mercado y con ello una afectación en los servicios médicos que presta en cada uno de los inmuebles contemplados en la presente licitación”.
Janet Citlali Ramírez Estela, titular del área de responsabilidades del OIC, decretó la nulidad del fallo impugnado, y ordenó al ISSSTE emitir una nueva resolución, sustentado en una evaluación económica. “Se presume la existencia de presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos, al desestimar sin fundamento la propuesta económica de las inconformes, comprometiendo recursos públicos federales en una contratación ilegal; igualmente, de los servidores públicos que adjudicaron los contratos derivados del servicio, excediendo el presupuesto autorizado”.
El ISSSTE acató la orden, pero nuevo fallo no corrigió los errores. En efecto, las cuatro partidas adjudicadas en la licitación LA-51-GYN-051GYN005-N-33-2025 comprometen más de 2,000 millones de pesos del erario público. Por la partida 3, Ocram Seyer–Wilk podrá facturar hasta 770.9 millones de pesos y por la 4, hasta 253.1 millones de pesos. En suma, 1,024 millones.
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