La extinción de la Financiera Nacional para el Desarrollo, el Insabi y Notimex, por inoperantes, esquivó las críticas opositoras
Un signo indubitable del cierre anticipado del sexenio lopezobradorista quedó registrado en la agenda gestionada en las últimas semanas por el secretario Adán Augusto López Hernández ante la LXV Legislatura.
El foco mediático estuvo en el llamado “plan B” de reforma electoral y dejó pasar —sin tanta polémica— un paquete de iniciativas que –en aras del “derecho a la buena administración pública”— afectan drásticamente al aparato burocrático.
La extinción de la Financiera Nacional para el Desarrollo, el Insabi y Notimex, por inoperantes, esquivó las críticas opositoras. La compactación de 18 entidades federales, en cambio, fue retirada. Pero el cambio de eje en materia de disciplina administrativa y rendición de cuentas —que en los hechos materializa un resurgimiento de la Secretaría de la Función Pública— llegó al pleno de San Lázaro.
El último día del sexenio anterior, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que permitió a la Cuarta Transformación arrancar con una nueva distribución de las funciones del gobierno. La Secretaría de Hacienda quedó a cargo de la designación —y remoción— de los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, la política de contrataciones públicas y las compras consolidadas.
Cuarenta meses después, el Ejecutivo federal traspasaría esas funciones a la dependencia que encabeza Roberto Salcedo Aquino —entre los más cercanos a Palacio Nacional— y le daría nuevas facultades para investigar y proceder contra los servidores públicos que incumplan sus tareas.
El Ejecutivo federal propone un rediseño en la organización y el funcionamiento de los OIC que le están adscritos a la Función Pública, mediante la reducción de estructuras y la redistribución de funciones, así como generar ahorros y cubrir con la estructura mínima indispensable las necesidades en la vigilancia, control y evaluación en la gestión pública y la aplicación del régimen de responsabilidades administrativas.
El rediseño de los OIC derivaría en el nombramiento de contralores por sector, por materia, por especialización, por ente público e incluso una combinación entre estos rubros. Y necesariamente implica la desaparición de esos cargos en las dependencias federales.
Hasta la entrada en vigor del decreto de esta reforma a la Ley Orgánica de la APF, la coordinación de los TUAF y las compras consolidadas seguirán a cargo de la subsecretaria Thalía Concepción Lagunes.
¿Adiós a la austeridad republicana? ¿Nace una nueva súper Secretaría? Después de un sexenio de recortes y problemas políticos —que iniciaron durante la gestión de Virgilio Andrade y se ahondaron con Irma Eréndira Sandoval— la dependencia de Salcedo Aquino tendrá un papel sobresaliente por sus capacidades discrecionales en la asignación y pago de los contratos de obras y servicios.
Efectos secundarios
PENDIENTES. El Insabi dará paso al IMSS-Bienestar, pero los problemas de abasto de medicinas y equipos médicos en el sector salud puede convertirse en un mal crónico. Al respecto, el presidente ejecutivo de la AMELAF, Juan de Villafranca, aseguró que es necesario desarrollar nuevos proveedores, realizar alianzas estratégicas entre México y los Estados Unidos, y por supuesto aprovechar las ventajas del nearshoring. Más allá del tema de los negocios, se requiere asegurar la calidad, eficacia y seguridad en los medicamentos administrados a los pacientes, dijo el directivo de la organización —que agrupa a los 45 laboratorios mexicanos más importantes— en el foro que organiza la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos.
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