No solo contra los ejecutores del gasto y los proveedores. También estarán sujetos a escrutinio los empleados gubernamentales y los beneficiarios de los programas sociales
La presentación de un decálogo de acciones antecedió a la reforma al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. Con esas determinaciones empieza el periodo de Aureliano Hernández Palacios-Cardel como titular del órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de la fiscalización del gasto público.
Ambas, obedecen a tres líneas estratégicas: una fiscalización basada en riesgos, trazabilidad en el gasto público y –sobre todo—un esquema de “consecuencias” para aquellos que incumplan con los postulados de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La revisión de la Cuenta Pública, pero también el desahogo de las quejas y denuncias por “situaciones irregulares” que sean tramitadas por la ciudadanía. No solo contra los ejecutores del gasto público, sino también serán sujetos de escrutinio los 884,228 proveedores que –de acuerdo con la revisión del último ejercicio fiscal (2025)— fueron contratados por las entidades gubernamentales.
No solo contra los ejecutores del gasto y los proveedores. También estarán sujetos a escrutinio los empleados gubernamentales y los beneficiarios de los programas sociales. Entre los primeros, una anomalía: hay 5,630 burócratas municipales que tienen más de 85 años y siguen activos.
El auditor superior de la Federación reclamará para sí la coordinación del Sistema Nacional de Fiscalización, actualmente a cargo de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Así consta en el nuevo Reglamento Interior de la ASF, expedido el pasado 24 de marzo y recién publicado en el Diario Oficial de la Federación.
La reingeniería de la ASF se materializa con la creación de una secretaría general de fiscalización superior y siete unidades de auditoría especializada: Dos, para entidades federativas y para estados; tres para gasto social, educación y salud; para gobierno, seguridad nacional y en materia hacendaria; y para infraestructura: Y una más, para seguimiento e investigación que será distinta a la Unidad de Inteligencia y Análisis.
Su interconexión con otras dependencias del gobierno federal (UIF, SAT, IMSS) y el uso de la inteligencia artificial permitirán a la Auditoría fiscalizar efectivamente las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de estados y municipios, entre otras operaciones.
Efectos secundarios
POR GOTEO. La reapertura por fases de la frontera para el ganado mexicano podría ocurrir de dos a cuatro semanas. Agua Prieta, Sonora, sería el candidato natural para la primera fase. El gobierno estadounidense envía un mensaje claro: la seguridad sanitaria no es negociable, pero la presión en los precios de la carne en los anaqueles estadounidenses empieza a quemar. Desde una perspectiva de mercado, esta apertura tiene dos lecturas. En México alivia el cuello de botella financiero de los productores del norte, quienes enfrentan costos operativos crecientes por mantener al ganado retenido. Y para la Unión Americana evitaría que el precio al consumidor final se dispare aún más. El plan mantiene en “vilo productivo” al sector. Si la reapertura en Arizona y Texas se retrasa, el costo de oportunidad para los ganaderos mexicanos podría erosionar los márgenes de ganancia de todo el ciclo 2026.
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