El mito se tomó como pretexto para llevar adelante la pulverización del Poder Judicial a base de chanchullos electorales, compra de votos legislativos y tómbolas de feria
Ayer comenzaron las campañas engañabobos para la “elección popular” de jueces, magistrados y ministros.
Sin consecuencia alguna, la puesta en evidencia (desde hace ocho meses) de que en Sinaloa operaba una narcofiscalía y de que la de Jalisco (desde hace seis), según el fiscal general Alejandro Gertz, fue omisa en sus obligaciones para preservar el Izaguirre Ranch e investigar el catálogo de horrores descubierto por las madres buscadoras exhiben la perversidad obradorista de apoderarse del Poder Judicial.
Nada permite abrigar esperanzas de que mejore en México la impartición de justicia.
La dinamitación de la separación de los Poderes republicanos se gestó en lo más profundo de las aversiones de López Obrador a la legalidad, que despreció a grado tal que llegó a decir “No me vengan con que la ley es la ley”.
Desde que fue jefe de Gobierno capitalino había dado muestras de no someter sus actos de autoridad al imperio de la ley.
Su franco desprecio por el principio de legalidad, el Derecho y la aplicación de las normas en casos específicos lo conocimos cuando por sus calzones decidió que no era buena idea cumplir con una suspensión de amparo cuando cometió el desacato por el que se le quitó el fuero y luego se le perdonó. Su repulsión a las determinaciones judiciales que limitaban su incontinente autoritarismo lo llevaron a enfrentar ese trance, cuyas consecuencias no sufrió, no sé si por la cobardía o por los malos cálculos políticos de Vicente Fox, quien lo dejó vivir políticamente y se cumplió el adagio de “Lo que no te mata, te fortalece”.
Ensoberbecido y como presidente, AMLO desarrolló su fobia al estado de derecho hasta convertir en capricho la destrucción del Poder Judicial, causante primario de aquel episodio político, y encontró en las decisiones judiciales el dique a sus actos totalitarios.
Decidió entonces destruir el Poder Judicial, refundarlo y apoderarse de él para que nunca más representara un obstáculo a su proyecto de “transformación”.
A nadie del oficialismo le preocupa la administración de justicia, sino capturar al Poder Judicial para que haga lo que a los cuatroteros les plazca. Saben que la solución a la inseguridad y la violencia no está en los juzgados, sino en una reforma integral al sistema de justicia penal mexicano desde una verdadera prevención del delito hasta la ejecución de sentencias (sistema penitenciario).
En ese gran esquema, una de las principales adolescencias es la investigación criminal que implica a las corporaciones policiales, fuerzas del orden, servicios periciales y forenses, instancias ministeriales y a las fiscalías General de la República y las 32 locales.
Más de 90 por ciento de los delitos cometidos jamás llegan a las instancias judiciales. La falla estructural está en la procuración y no en la administración de justicia.
El mito se tomó como pretexto para llevar adelante la pulverización del Poder Judicial a base de chanchullos electorales, compra de votos legislativos y tómbolas de feria…
Minuto a minuto
