Argucias para el endeudamiento

Con apenas 10 diputados, Morena funge como el contrapeso del gobierno panista en Tamaulipas. Pero el panista Gerardo Peña Flores, presidente del Congreso en aquella entidad, ha podido neutralizar los embates de la minoría izquierdista y defender las iniciativas del Ejecutivo, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

La más reciente escaramuza entre morenistas y panistas ocurrió justo hace una semana, en la sesión del pleno. Allá, como en la mayoría de los congresos locales, los trabajos legislativos no han sido interrumpidos por el Covid-19. Y el pasado miércoles, sin estar en la orden del día y sin dictamen previo de la Comisión de Hacienda, los 35 diputados tamaulipecos valoraron la petición de Cabeza de Vaca para contratar financiamiento hasta por 4,600 millones de pesos. Esos recursos se emplearían para “solventar” adquisiciones de equipamiento e infraestructura sanitaria. La pandemia urgía a tramitar un crédito con las instituciones financieras.

Pero la oposición morenista rechazó la petición, por los niveles de endeudamiento generados durante las últimas dos administraciones, que llegaron a 15,000 millones de pesos a finales del año pasado, y de los cuales 9,200 millones han sido gestionados por la administración panista.

El debate parlamentario fue intenso. El PAN, con el voto de la diputada emecista, tenía 23 votos, contra 13 de la oposición, pero no eran suficientes para autorizar la petición del gobernador. Al momento de la votación, tres diputados de la oposición abandonaron el salón de sesiones y dejaron que procediera la mayoría calificada.

La administración panista de Tamaulipas carece del aval de la Secretaría de Hacienda para comprometer hasta 48% de las participaciones federales durante 20 años para garantizar el empréstito. ¿Más gasto en sanidad, más ayudas directas a las familias, más solidaridad con los pobres? De acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial, se destinaría “a inversión pública productiva y la constitución de fondos de reserva”. Y sólo 1,874 millones de pesos serían destinados a equipamiento e infraestructura en salud.

Ayer, durante su comparecencia diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, formuló una “recomendación respetuosa” a los gobernadores: “Que no recurran a la primera de cambio a créditos y que se utilice como excusa o argumento la crisis del coronavirus, porque no hemos dejado de enviarles a los estados sus participaciones; entonces, que primero, antes de recurrir a un crédito, hagan un esfuerzo de austeridad republicana, que reduzcan los costos en el gobierno (…) y que no haya corrupción”.

Y es que, en la misma ruta que su homólogo fronterizo, el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, pidió autorización al Congreso local para tramitar un crédito, por 1,750 millones de pesos, de los cuales 500 millones serían para mejorar la infraestructura sanitaria.

Las bancadas morenistas en esas entidades podrían seguir el ejemplo de sus colegas de Michoacán, quienes junto con la bancada petista promovieron una acción de inconstitucionalidad por la contratación de una nueva deuda, por parte del gobierno encabezado por el perredista Silvano Aureoles Conejo, quien comprometería hasta 98% de los recursos federales que corresponden a Michoacán del Fondo General de Participaciones durante los próximos 20 años.

Por separado, los 14 diputados michoacanos de oposición y la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, solicitaron a la SCJN invalidar los artículos 1, 26, 27 y 28 de la Ley de Ingresos, que autorizaban al Ejecutivo federal contratar deuda pública para proyectos productivos y para el refinanciamiento o reestructuración de créditos de largo plazo.

En la ponencia de Juan Luis González Alcántara Carrancá quedó radicada la causa 99/2020 y su acumulada, la 100/2020, no obstante que las legisladoras petistas, Brenda Fraga Gutiérrez y Teresa Mora Covarrubias, se desistieron de la queja, por no haber firmado el documento original. El ministro estableció que esa figura jurídica no es aplicable en las acciones de inconstitucionalidad, por lo que su petición quedó desechada.

Efectos secundarios
PREVISIONES. Ante la emergencia del Covid-19, la CEAV determinó anticipar tres meses la ayuda de recursos para apoyo alimentario y alojamiento en favor de personas víctimas de delitos federales o violaciones a sus derechos humanos. Así, las personas que estén en el Registro Nacional de Víctimas recibirán, a partir del 22 de abril, transferencias bancarias por 99 millones 956,000 pesos, para que puedan contar con lo que les corresponde durante los meses de abril, mayo y junio, sin salir de casa y sin trámite alguno.

SOLIDARIOS. La crisis sanitaria afecta a pacientes de todos los niveles. Y la firma Marfil, especializada en servicios integrales de salud en casa y hemodiálisis, decidió reducir sus precios para garantizar la atención que brinda a enfermos renales y ofrecer a familias, corporativos y dependencias la entrega en puerta de gel antibacterial y cubrebocas, insumos que han sido fundamentales para evitar contagios entre la población.