Javier Duarte, el exgobernador preso de Veracruz, no es un caso aislado de la vida pública mexicana. Es solo el exceso personificado de la impunidad que desborda un todo, un sistema institucional de repartir dinero público sin vigilarlo. Me refiero a las reglas que permiten a los gobiernos estatales desviar fondos públicos, sobreendeudarse, adjudicar contratos … Continued
Javier Duarte, el exgobernador preso de Veracruz, no es un caso aislado de la vida pública mexicana. Es solo el exceso personificado de la impunidad que desborda un todo, un sistema institucional de repartir dinero público sin vigilarlo.
Me refiero a las reglas que permiten a los gobiernos estatales desviar fondos públicos, sobreendeudarse, adjudicar contratos y concesiones, invertir ilegalmente en campañas políticas, repartir prebendas, cobrar comisiones y mordidas, sobrepagar contratos de obra pública y servicios y heredar deudas a proveedores que significan normalmente una deuda oculta adicional para sus sucesores en el cargo.
Es el mundo de los virreyes mexicanos que trajo a la vida la democracia mexicana, junto con el fin de la hegemonía priista y el debilitamiento del poder presidencial.
Hubo todo que celebrar en el fin de aquella hegemonía y en la reducción de los hiperpoderes presidenciales, pero algún precio histórico hubo que pagar y ese precio es el espectáculo de corrupción horizontal en que nuestra democracia sin demócratas convirtió las nuevas libertades, el nuevo equilibrio de poderes, las nuevas autonomías regionales. El precio fue la corrupción horizontal de los gobiernos locales.
El espectáculo de gobernadores en fuga, presos, indiciados o sepultados en su fama pública por distintas formas de corrupción y dispendio de dineros públicos proviene en lo fundamental del uso y abuso de un mecanismo político-presupuestal.
Ese mecanismo es que los partidos pactan en el Congreso la entrega de enormes recursos federales a gobiernos estatales cuyo gasto público aprueban los congresos locales.
Mediante este mecanismo, los gobiernos locales iniciaron su viaje al paraíso fiscal y a la impunidad financiera: fueron ricos sin tener que cobrar impuestos ni rendir cuentas a quien les daba el dinero, que era la Federación.
Con el generoso reparto del presupuesto los presidentes de la democracia aceitaron al Congreso federal, el Congreso federal aceitó a los gobernadores y a los municipios, los gobernadores aceitaron a sus congresos locales, que les aprobaron todos sus gastos.
Hubo dinero de sobra para hacer política y para crear la red horizontal de corrupción cuya diaria evidencia solivianta con razón a la opinión pública.
Mañana algunas cifras y algunos nombres sobre esto.
Minuto a minuto
