Las piezas del entramado institucional que acabaría con la impunidad y castigaría a los corruptos comenzaron a fallar desde el principio
Después de su triunfo en las urnas, con semáforo verde, el presidente Andrés Manuel López Obrador pudo retomar la sana costumbre de ofrecer informes trimestrales. La atención a la emergencia sanitaria y el control de las variables económicas pudieron ser presumidos, al igual que el avance de las megaobras del sexenio.
El saldo en materia de transparencia y rendición de cuentas es discreto, a 30 meses del final del sexenio. Y más, en el combate a la corrupción. La salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública; la parsimonia del auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y la futilidad de la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos Borja, resumen eventos relevantes que impactaron negativamente la estrategia de la Cuarta Trasformación en este importante rubro.
Las piezas del entramado institucional que acabaría con la impunidad y castigaría a los corruptos comenzaron a fallar desde el principio. Valga una anécdota que resume lo ocurrido entre el 2019 y 2021: el exsenador perredista Gerardo Sosa Castelán —sujeto de una severa investigación de la UIF— quiso tener interlocución directa con el Ejecutivo federal. Tres veces lo intentó y tres veces pagó… pero nunca pudo exponer directamente su caso y terminó interno en el penal de máxima seguridad Almoloya de Juárez.
Para la integración de los expedientes de alto impacto hicieron mancuerna el titular de la UIF y el procurador fiscal. A la presidencia del poder Judicial llegaría Arturo Saldívar Lelo de Larrera y al frente de la FGR había quedado Alejandro Gertz Manero. El funcionamiento de ese engranaje institucional —por decisión superior— quedó a cargo del consejero jurídico.
La ley es la ley, pero para devolver al pueblo lo robado, la Cuarta Transformación optó por los acuerdos reparatorios, cuya negociación ha sido cada vez más complicada. El congelamiento de las cuentas fue una medida efectiva y a partir del efecto demostración del caso Sosa Castelán —acusado de haber desfalcado a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo— quedó claro el mensaje: aunque no hubiera coincidencia ideológica, lo mejor era cooperar. Entre autoridades y los presuntos implicados en actos de corrupción se ubicaron despachos de asesores jurídicos y fiscales, que en la mayoría de los casos pasaron de mediadores a imputados. Allí está como ejemplo incontestable, el caso del exsenador panista Roberto Gil Zuarth.
Desde entonces, exfuncionarios, empresarios y litigantes han sido emplazados a acudir ante juzgadores federales para responder por la probable comisión de delitos graves: extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las carpetas de investigación, empero, no han prosperado en muchos casos. Y los imputados se volvieron en delatores… gracias a los criterios de oportunidad.
Hay muchos funcionarios que en nombre del Ejecutivo federal y de sus hijos han intentado hacer negocios, sin éxito. Pronto se sabrá si hubo abogados que usurparon la identidad del exconsejero jurídico para ampliar su cartera de clientes o si la FGR puede sostener sus acusaciones.
La disputa por el control político dentro del staff presidencial es el telón de fondo de estas historias. El único punto de contacto actualmente es el trabajo a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum en el 2024. La colisión será más adelante.
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