¿Desbandada priista?

Ya había partido Alejandro Moreno rumbo a Madrid, cuando llegó a su despacho una misiva de Jorge Carlos Ramírez Marín. A las 7:00 horas del pasado martes 26, el emisario se apersonó en la sede nacional del PRI y 27 minutos después, tras de pasar los filtros de seguridad, entregara el texto en un papel sin el membrete de la LXV Legislatura del Congreso de Ia Unión.

Era el informe de una decisión inapelable. Ramírez Marín —expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y extitular de la Sedatu, en el sexenio peñista— había solicitado, con 24 horas de anticipación, su inscripción electrónica en el proceso de selección del coordinador de los comités de defensa de la transformación en su natal Yucatán.

“La situación política de Yucatán es de una complejidad mayor y requerirá de un tratamiento diferente al habitual de estos tiempos electorales”, argumentó el experimentado político, “las condiciones sociales del estado y su deterioro necesitan mucho más de nosotros”.

Alito Moreno ya había conseguido el aval del Consejo Nacional del PRI —en el que Ramírez Marín tiene un asiento— para incorporarse al Frente Amplio por México. Y para la renovación de las nueve gubernaturas que estarán en disputa el año próximo, el PAN llevará mano en el siglado de las candidaturas en Guanajuato y Yucatán, entidades gobernadas actualmente por cuadros del blanquiazul. El actual alcalde de Mérida, Renán Barrera, es el aspirante mejor posicionado.

“Una alianza con Acción Nacional para la gubernatura o cualquier otra posición política del estado nos hace cómplices de esta política rapaz que hoy se aplica”, definió, “No puedo ser parte de ninguna forma de esta estrategia que prolonga el deterioro de la sociedad y le cancela alternativas a los que nos siguen. Los próximos seis años serán definitivos para Yucatán. Para mí es inadmisible apoyar o participar en una estrategias, cualquiera, que contribuya a dejar a este grupo y afines en el gobierno”.

El senador yucateco no pudo comunicar personalmente al líder nacional del PRI su decisión de participar en otra fuerza política en el 2024. En su carta, no expresa su intención de acabar con su afiliación al PRI —que data de hace casi 40 años— pero tampoco será necesaria su renuncia: su expulsión ya está en trámite.

Un camino sin retorno, que Ramírez Marín había emprendido sigilosamente. Su participación en las deliberaciones de la bancada priista se había reducido al mínimo desde que inició el periodo ordinario de sesiones, de acuerdo a lo reportado por el coordinador parlamentario, Manuel Añorve, al CEN tricolor.

En ese cuerpo legislativo era sotto voce que el político yucateco había intentado ocupar el lugar que dejó Miguel Ángel Osorio Chong, hace un mes, aunque la cúpula partidista tiene otros datos. “Alito le preguntó si buscaría la coordinación y le quedó claro que su apuesta era por una candidatura para el 2024”, comenta un integrante del CEN, “ya ni siquiera quiso que lo propusiéramos para una posición en la mesa directiva del Senado”.

Ramírez Marín aún mantiene su militancia priista, pero ya no se cuenta entre sus legisladores. Ahora forma parte de la bancada del PVEM y vota alineado a la agenda legislativa de Morena. ¿Será el primero de muchos?

Efectos secundarios
DESLINDES. Ante los señalamientos de subsecretario Alejandro Encinas, sobre su presunto involucramiento en el caso Iguala, Omar García Harfuch externó: “En las reuniones en las que participé se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de las jóvenes, sin abordar temas de investigación. Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa”.

RECHAZOS. Red Familia censuró la nueva Ley General de Población que pronto llegará al Pleno del Senado y cuya autoría atribuyó a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Además de pretender una nueva CURP con foto —se quejaron— la iniciativa dictaminada en comisiones “no afronta el desafío más importante (el envejecimiento poblacional), sino que centra su atención en los derechos sexuales y reproductivos, sin fundamento jurídico y consenso social”.