Defraudadores bursátiles

Después de limpiar al Conacyt, Juan Francisco Mora Anaya fue enviado hace un año a Segalmex para evitar una quiebra inminente. El “severo problema de liquidez” que atravesaba Liconsa antes del cierre del 2021 trascendía los reportes de los auditores sobre las irregularidades causadas por el equipo de Ignacio Ovalle.

René Gavira Segrestre ya había dejado la oficialía mayor de ese organismo. Sin experiencia en la administración pública federal —salvo su paso por la delegación Cuajimalpa— este sexagenario economista comenzó su gestión con un severo recorte de plazas en los tres organismos que se fusionaban para dar paso a la nueva agencia gubernamental, encargada de cumplir con las instrucciones presidenciales de garantizar el abasto de leche y granos básicos para la población más necesitada.

La austeridad republicana y la mudanza de la dependencia —de Copilco a Zacatecas— fueron dos campanazos. Pero los polémicos contratos para adquirir nuevas unidades de transporte y la materia prima —leche en polvo— en plena pandemia alteraron su suerte.

Cuando Mora Anaya llegó encontró otros asuntos de urgente resolución. El entonces director de la Unidad Jurídica, Carlos Antonio Dávila Amerena, narró con detalle sus gestiones ante los directivos de CI Banco para recuperar 850 millones de pesos que habían sido invertidos por Gavira Segrestre en certificados bursátiles. Los títulos ya habían vencido y ni el retorno de capital ni los rendimientos —11% anual— habían reingresado a las arcas.

Ya habían pasado dos años de jaloneo. La institución bancaria constituyó el fideicomiso operado por Corafi, la financiera chiapaneca de la familia Dávila; la emisión CI350CB solo amparaba 700 millones de pesos; los otros 150 millones correspondían a la pizarra IT72CB, de Banorte.

Originalmente, Gavira y Dávila habían negociado con los fideicomisarios el reembolso de los recursos; no obstante, por instrucciones superiores se dio vista a la FGR para deslindar responsabilidades. La recuperación de 855 millones de pesos fue posible hasta la primavera de este año, tras el acuerdo suscrito por representantes de la Procuraduría Fiscal, la CNBV, el apoderado legal de Corafi y BBVA, Banco Monex y CI Banco.

Para entonces, el caso Segalmex estaba en el escritorio del secretario de Gobernación. Ignacio Ovalle se integraría a su equipo, en su lugar iría el exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota, y la acción penal contra los exdirectivos de Segalmex sería ejecutada.

Casi al mismo tiempo, en Palacio Nacional activó las acciones para revisar los casos de Unifin y de Crédito Real. Ambas entidades financieras estaban al borde del default y ayer, la Bolsa suspendió la cotización de las acciones serie A de la financiera encabezada por Rodrigo Lebois Mateos. Los bonistas y los accionistas de Crédito Real están en espera de la resolución de las cortes estadounidenses.

Bursamétrica es otra de las entidades en la mira. Surgida hace 21 años de la asociación entre Ernesto O’Farrill y Roberto Guzmán, de Grupo Escorfin, esta casa de bolsa registró pérdidas acumuladas por 225 millones de pesos al cierre del 2021, mientras su consejo de administración arrancaba un proceso de ajuste que implica un cambio en el grupo de control, sujeto a la autorización del órgano regulador.

Las reclamaciones entre O’Farril y Guzmán han tomado niveles épicos e indirectamente han involucrado al titular de la SHCP. Y es que para esquivar las acciones de las autoridades federales, el mandamás de Grupo Escorfin ha tenido que salir del ostracismo que mantuvo en los últimos años, a raíz del caso Beyruti.

Ayer, en la mañanera, el Ejecutivo federal se refirió a otros asuntos recientes en los que los promotores bursátiles tienen una vinculación ineludible: los desfalcos al Instituto de Seguridad Social de Yucatán, la Universidad de Aguascalientes y el SNTE, asunto que también toca a una institución bancaria de origen ibérico.

Sobre estos asuntos, la Condusef ha guardado ominoso (¿o cómplice?) silencio.