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Usuario de una de las plataformas especializadas en aeronaves ejecutivas más exclusivas en el aeropuerto internacional de Toluca, el capitán Miguel Ramírez Morales desde hace más de una década es vecino de Metepec.

Hace 20 días, los vigilantes de su casa le reportaron la presencia de dos agentes ministeriales. Era el mediodía. Estaban muy agresivos y sin mandamiento judicial, insistían en ingresar al fraccionamiento privado, para —de acuerdo a su testimonio— tratar “un asunto muy urgente”.

Ramírez Morales pidió detalles y entonces supo que los policías lo investigaban por su vinculación con operaciones de recursos presuntamente de procedencia ilícita. Pero fue hasta que los tuvo frente a sí que venían de Tamaulipas, donde había una investigación abierta por lavado de dinero que lo involucraba con el empresario regiomontano Sergio Carmona Angulo.

“Preferible ser testigo, que imputado”, dijeron los emisarios del fiscal Irving Barrios Mojica. El director de Aero Ejecutivo MRM no pudo si cerciorarse si Ana Lilia Chicas Mulia, titular de la Unidad Especializada en la investigación de ese delito en la FGJTam fue quien ejecutó esa diligencia a su domicilio particular; solo identificó al suboficial de la policía investigadora Gerardo Ayala.

Ambos policías —recordó que llevaban placas que colgaban de sus cuellos— le dijeron que la investigación sobre Carmona llevaba mucho tiempo, “que tenían todo y que sabían que los aviones no eran míos, que yo era un prestanombres”.

Se referían a los Hawker que actualmente renta como taxis aéreos. “Me sentí acorralado y con miedo”, describió el empresario —dueño de dos de las aeronaves— en la denuncia de hechos que interpuso apenas el pasado lunes 8 ante la Fiscalía General de la República. El delito del que habría sido víctima es tortura.

En la víspera, distintos medios informativos habían divulgado partes sustantivas del testimonio recabado por los policías tamaulipecos apenas una semana antes. Ramírez Morales habría aceptado que el empresario regiomontano había contratado sus servicios para traslados suyos y de “varias amistades” a distintos puntos.

La evidencia disponible —de acuerdo a esas versiones— probaría diversos delitos de índole electoral. Los itinerarios y las bitácoras de 17 vuelos especificarían que los trayectos fueron cubiertos con una tarjeta de servicios a nombre de Sergio Carmona y facturadas a las empresas Grupo Industrial Permat y Grupo Gasolinero S-91. Entre los pasajeros figuran el presidente nacional del PRD, Mario Delgado, al diputado federal Erasmo González, al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Los documentos —depósitos, pagos y planes de vuelo— no fueron aportados por el directivo de Aero Ejecutivo MRM. Tampoco la lista de pasajeros o las empresas contratantes. Y sostiene que la declaración que le atribuyen fue prefabricada. “Me inducían a que diera la respuesta que ellos esperaban. Varias veces les dije que las cosas no eran como las tenían en las respuestas que ya habían elaborado y me comentaron que no era relevante lo que yo les decía… Les dije que si tenían todo, ¿para qué me estaban preguntando? Ese comentario les molestó y me dijeron: ‘no estamos jugando. Si no firmas lo que traemos, el que va a tener problemas eres tu y hasta detenido podrías quedar’”.

Los servicios de Aero Ejecutivo MRM al empresario regiomontano —asesinado hace nueve meses— habrían sido prestados en el 2021.

Los vínculos de Carmona con MORENA, en todo caso, datan del 2018. Y en los meses anteriores a su deceso sus vínculos abarcan otros personajes y otras latitudes. Y si no que le pregunten a los actuales gobernadores de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de la actual subsecretaria Clara Luz Flores, fallida candidata morenista en Nuevo León.