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El grupo de poder que gobierna hoy en el país y en la CDMX tiene de dos sopas ante el vandalismo de las marchas callejeras: una, se la comen, porque ellos quitaron en 2002 la ley que imponía 30 años de prisión a los actos contra la paz pública; dos, reactivan la ley.

Si ese grupo de poder es congruente, mantendrá intacto el artículo 132 del Código Penal (Publicado en la Gaceta Oficial del DF, 16 de julio de 2002). De hecho, la postura de la Jefa de Gobierno es clara a favor de permitir protestas.

Aunque el presidente cambió de opinión:

El 1 de diciembre de 2012, cuando encapuchados (autollamados “anarquistas”) destrozaron la Alameda retuvieron funcionarios del GDF, arrancaron losetas del Zócalo y las lanzaron contra policías, reclamó que “no había motivo para usar la fuerza bruta contra los estudiantes”.

El jueves pasado, cuando horas antes encapuchados (autollamados “anarquistas”) destrozaron comercios, una librería Gandhi y edificios públicos en la misma zona, dijo que “no son anarquistas, como se autodefinen, sino conservadores”.

Y ya Epigmenio Ibarra no les canta en redes “que vivan los estudiantes”, aunque entre ellos estuviera al líder de los macheteros de Atenco, el octogenario Ignacio del Valle, robando combustible en una gasolinera de Eje 1 y Joaquín Herrera para incendiar bancos, cafeterías y restaurantes.

O José Luis Ramírez Alcántara, El Chómpiras, líder del grupo que intentó quemar con petardos y cocteles Molotov la dirección del CCH Naucalpan, y protagonista en videos y fotografías agrediendo a policías, destrozando mobiliario urbano y saqueando comercios.

No, para nada eran ni son anarquistas: se trata simplemente de profesionales de la protesta que, antes, insuflaba el grupo que hoy está en el poder, pero que, hoy, afectan a éste. Porque así es la democracia: nunca se sabe cuándo determinado grupo de poder se convierte en establishment.

Porque establishment el término usado para referirse al grupo dominante o élite que detenta el poder o la autoridad. En ese caso, Morena, Epigmenio Ibarra, todos los que antes elogiaban a los encapuchados (y hasta cambiaron la ley para protegerlos) actualmente pertenecen al establishment.

Pero las leyes están para ser cambiadas, como demostró la CNTE hace dos semanas al obligar a los diputados a aprobar una Contrarreforma Educativa, o Morena, al aprobar una Ley Garrote en Tabasco, contra quienes marchen contra la ejecución de obras públicas, o realicen bloqueos de calles.

Si la CDMX sigue siendo pasto de las llamas y el vandalismo, no será de extrañar que se vuelva a modificar el artículo 362 del Código Penal con cárcel de 30 años para quienes mediante incendio o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos.

Porque ahora son “conservadores”.