Lo que paró la Corte

La suspensión decretada por el ministro Javier Laynez sobre el Plan B electoral paró la destrucción del INE.

Las leyes suspendidas obligaban al Instituto Nacional Electoral a causarse daños irreparables, poniendo en riesgo, en palabras del ministro Laynez, “los derechos político electorales de la ciudadanía”.

Bajo las leyes hoy suspendidas, el INE quedaba obligado a jibarizarse al punto de la inanición.

Debía despedir a 6 mil funcionarios, entre ellos el 84% de los 2 mil 571 miembros de su corazón operativo, el Servicio Profesional Electoral Nacional.

Debía suprimir sus 300 juntas ejecutivas distritales, (una por cada distrito electoral) y reducir en 40% sus 32 Juntas Ejecutivas Locales, (una por cada estado).

Debía desaparecer tres funcionarios claves en cada distrito electoral.

Primero, a los vocales distritales de Capacitación Electoral, encargados de “capacitar a los capacitadores”, es decir, a los miles de asesores de tierra que a su vez capacitan al millón y pico de ciudadanos que atienden las casillas el día de la elección.

Segundo, a los vocales distritales de Organización Electoral, que se encargan de escoger los sitios donde se instalarán las más de 160 mil casillas necesarias, y las proveen de lo necesario: urnas, listas de electores, boletas foliadas, actas de resultados.

Tercero, a los vocales distritales del Registro de Electores, que actualizan el padrón electoral y manejan los módulos de entrega de la credencial de elector.

Sin las juntas y los funcionarios distritales mencionados, es imposible garantizar una jornada electoral como las que son rutina en México: efectivas, tranquilas, con resultados el mismo día.

Esta es la estructura institucional que el ministro Laynez y, antes de él, el ministro Pérez Dayán, han querido proteger, al poner en suspenso las seis leyes que forman el Plan B electoral del gobierno.

La automutilación institucional que imponía el Plan B auguraba un INE ineficaz, y unas elecciones turbias, si no turbulentas.

Las suspensiones de la Corte han evitado que estas leyes se apliquen y tengan efectos irreparables, antes de que la Corte juzgue sobre su constitucionalidad.

Si esto hubiera sucedido con otras decisiones catastróficas del actual gobierno, como la destrucción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México o del Seguro Popular, viviríamos en un mejor país.