Se trata de la decisión sobre la que más dudas albergaba la opinión pública, respecto de la Corte
La Suprema Corte resolvió ayer que el control y adscripción de la Guardia Nacional en la Sedena, es inconstitucional.
Restituyó así el espíritu y la letra del artículo 21 constitucional, reformado en 2019. La decisión de los ministros, por la mayoría requerida de 8 votos, resuelve el dilema de si la seguridad pública debe estar en manos militares o mantenerse en el ámbito civil.
Opta por lo segundo.
Mediante la lectura abusiva de los artículos transitorios del artículo 21, el gobierno y su mayoría en el Congreso habían puesto la seguridad pública en manos militares.
La Suprema Corte falló el martes que debe permanecer en manos civiles, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y guiada por el espíritu de construir una policía, no un nuevo cuerpo de ejército.
Se trata de la decisión sobre la que más dudas albergaba la opinión pública, respecto de la Corte.
Declarar inconstitucional la militarización de la seguridad pública implicaba el doble desafío de decirle no al Presidente y decirle no a las fuerzas armadas.
Muchos juzgaban que la Corte no llegaría hasta ese punto. Pero llegó, y al hacerlo puso el pie en un nuevo terreno de legitimidad y autonomía.
Ha emitido un mensaje de independencia que la fortalece como poder del Estado, luego de cuatro años de actuación errática y politizada.
Si hay algo particularmente subrayable en la decisión de la Corte contra la militarización, es la sencillez con que volvió a la letra y al espíritu del texto constitucional, para negar lo que a todas luces era una manipulación de ese texto con vistas a que en los hechos sucediera lo contrario de lo que dispone el artículo 21.
Dice ahí con todas sus letras que la Guardia Nacional debe tener carácter civil, pero en los hechos está militarizada. Dice que debe estar adscrita y bajo control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero en los hechos está adscrita y bajo el control de la Secretaría de la Defensa.
La Corte ha puesto de pie lo que estaba de cabeza y se ha puesto de pie ella misma en lo que parece, viendo sus decisiones de los últimos meses, una decidida transición hacia la autonomía que le es inherente como poder del Estado.
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