La señal más clara e inmediata quedó registrada recientemente, con los posicionamientos embajador estadounidense y el beligerante discurso del director ejecutivo de la American Society
En tiempos en los que casi cualquier declaración o postura sobre la agenda global puede ocasionar un desencuentro con Estados Unidos, la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de abstenerse de viajar a Río de Janeiro a la 17ª Cumbre de los BRICS resultaba más que oportuna. Ni siquiera entre los 10 miembros de pleno derecho de ese mecanismo en el que participan las economías más relevantes del sur global hubo tantos arriesgados: al anfitrión, Luiz Inácio Da Silva, solo lo acompañó el primer ministro de la India, Narendra Modi.
La prudencia de los jefes de Estado pareció importar poco a la Casa Blanca. Menos, la discreta agenda de la reunión, centrada en el desarrollo sostenible, las reformas de la gobernanza mundial, el financiamiento climático, la transición ecológica y el impulso de la cooperación sur-sur.
Frenar la inmigración ilegal masiva y la lucha contra la delincuencia transnacional son prioritarios para la administración Trump en la región latinoamericana. Y aún más, frenar el expansionismo comercial de China. En el actual contexto mundial —con una rampante carrera armamentista— los países emergentes ya no pueden optar por el multilateralismo. Y México ha sido emplazado a distanciarse de los BRICS, sobre todo de China y Rusia, cada vez más antagónicos con Estados Unidos.
La señal más clara e inmediata quedó registrada recientemente, con los posicionamientos embajador estadounidense y el beligerante discurso del director ejecutivo de la American Society.
En años recientes, empresas chinas han apostado por la transición energética de México, financiando parques solares, eólicos y centros de almacenamiento de energía en estados del norte como Sonora, Coahuila y Tamaulipas. Estas inversiones, autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, empatan con la agenda impulsada por la administración Sheinbaum para combatir el cambio climático y fortalecer la autosuficiencia energética.
La plataforma China Global Investment Tracker tiene registro de la inversión de más de 1,500 millones de dólares desde 2018 en proyectos energéticos en México, principalmente a través de empresas como JinkoSolar y Envision Energy. Y según la Asociación Mexicana de Energía Solar, más del 20% de los módulos fotovoltaicos instalados en México provienen de proveedores chinos.
La incertidumbre regulatoria, el riesgo reputacional y las trabas para ejecutar pagos internacionales ya han comenzado a generar alertas entre inversionistas y desarrolladores, lo que podría ralentizar obras en curso o limitar futuras expansiones.
Las fricciones entre México y su principal socio financiero obligan a una decisión de fondo… con el riesgo de perder capital clave para modernizar su infraestructura energética y generar empleos verdes en regiones que hoy dependen de estas inversiones. La urgencia de avanzar hacia una matriz energética limpia y diversificada podría verse frustrada por un entorno financiero que no ofrece certeza ni fluidez operativa.
Efectos secundarios
ENVIADOS. Una misión de empresarios afiliados a la Coparmex viajará a Osaka, Kyoto y Tokio, la próxima semana, en la activación de una estrategia para acelerar la internacionalización del empresariado mexicano, fortalecer su presencia en mercados estratégicos y dotar a las empresas de herramientas para competir con éxito a escala global. México y Japón mantienen una relación económica estratégica, respaldada por el Acuerdo de Asociación Económica vigente desde 2005. En 2024, el comercio bilateral entre ambas naciones superó los 23,000 millones de dólares, mientras que la inversión acumulada de Japón en México representa más del 63% del total de inversión asiática en el país
CONCRETOS. Con una edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó los 11 decretos firmados por la presidenta Claudia Sheinbaum que reformaron 27 ordenamientos legales durante el periodo extraordinario de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Y en cumplimiento de la fracción I del Artículo 89 de la Constitución, entran en plena vigencia y son de observancia general.
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