Adecuaciones presupuestales

Previo al arranque del sexenio de Enrique Peña Nieto, en la construcción del Presupuesto de Egresos para el 2012, al menos tres secretarías de Estado —Gobernación, Desarrollo Social y Salud— registraron cero en el rubro de gastos de comunicación social y publicidad. Luis Videgaray Caso, quien sería el primer secretario de Hacienda de la administración priista, no quiso reconocer la deuda que esas dependencias habían dejado con los medios de comunicación.

En el segundo tramo de la administración saliente, por la vía de las ampliaciones presupuestales, el gasto bajo los rubros 3600 y 3700 pasó en Salud de 486 millones (en el 2009) a 2,124 millones de pesos en el 2012; de estos últimos, quedaría una deuda de 350 millones de pesos que debía absorber el nuevo equipo de comunicación social, encabezado por David López Gutiérrez.

A ese tipo de esas adecuaciones se ha referido últimamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, para criticar las formas utilizadas en gobiernos anteriores para solventar los controles presupuestales establecidos por el Poder Legislativo. Los Adefas tramitados por la Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación ante la Secretaría de Hacienda hicieron que entre el 2007 y el 2012 la administración calderonista erogara 39,000 millones de pesos en publicidad oficial.

Las ampliaciones presupuestales para Salud ocurrieron hace 11 años, luego de la contingencia sanitaria por la influenza H1N1. El ejercicio del 2010 vio reflejado, por primera vez, un incremento rotundo del presupuesto de comunicación social para las autoridades sanitarias. Ese año, Comunicación Social de Salud invirtió 659.3 millones de pesos bajo el concepto 3700 (servicios de comunicación social y publicidad) y otros 708.1 millones de pesos fueron canalizados por 14 unidades responsables y órganos desconcentrados del sector. En suma, 1,410 millones de pesos, catalogados en el programa presupuestario P012 Calidad en Salud e Innovación.

En las previsiones presupuestales, Salud requirió 18.6 millones de pesos para cumplir con su programa de comunicación social en el 2010 y terminó ejerciendo 3,428.3% más; consta en la auditoría financiera y de cumplimiento 10-0-12100-02-0901. A lo largo del año, modificó y ajustó cinco veces ese programa, con la autorización de la Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Segob.

Ese año, la dependencia encabezada por José Ángel Córdova Villalobos ordenó la inserción de siete campañas y dos mensajes extraordinarios. Los auditores identificaron 369 contratos, por 480.1 millones de pesos, de tres campañas emitidas en junio, septiembre y noviembre del 2010 sin contar con suficiencia presupuestaria.

Fue el último año del predominio de los medios convencionales en la propaganda gubernamental. Esos 480.1 millones de pesos fueron pautados por los comunicadores de Salud en medios electrónicos, vía adjudicaciones directas.

Los auditores nunca encontraron las evaluaciones a las campañas de comunicación social para medir la pertinencia y efectividad.

Posteriormente, la ASF ejecutó una auditoría financiera y de cumplimiento (expediente 10-0-02100-02-0949) para revisar los gastos de comunicación social y de publicidad autorizados por la Presidencia de la República. Y es que además de la petición formulada por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados —oficio CVASF/LXI/266/2010, remitido el 17 de diciembre del 2010— atendió a las denuncias periodísticas que reportaron un gasto de 6,479 millones de pesos en publicidad y promoción de imagen en el 2010, casi el triple de lo autorizado por el Congreso para ese rubro.

El 16 de julio de ese año, el presidente Felipe Calderón Hinojosa había designado a Alejandra Sota Mirafuentes como coordinadora de Comunicación Social, en sustitución de Maximiliano Cortázar. La politóloga itamita, junto con el coordinador de Estrategia y Mensaje Gubernamental, Roberto Mourey, y el director general adjunto de Implementación y Seguimiento Publicitario, Alejandro Caso Niebla, debieron informar a la ASF sobre los criterios aplicados para pautar las campañas gubernamentales.

La ASF identificó que los gastos del gobierno calderonista para la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (partida 3701) pasaron de 467.6 millones de pesos en el 2006 a 2,850 millones de pesos en el 2010, una variación de 498% en esos cuatro años. En el acumulado, en ese periodo, las erogaciones en ese rubro fueron de 8,150 millones de pesos.

Para el ejercicio fiscal 2010, insistió la auditoría, no se podían realizar ampliaciones o traspasos a los conceptos de comunicación social y publicidad, con la salvedad de: situaciones contingentes, promoción comercial de las entidades que generan mayores ingresos y los excedentes obtenidos por el Inami para mejorar los servicios migratorios.

Los festejos por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución marcaron la tónica del ánimo de la administración. Y para incrementar los presupuestos para la propaganda, el aparato calderonista recurrió a Migración, al Consejo de Promoción Turística, Diconsa y Liconsa. La ASF requirió aclaraciones a los entonces voceros de Gobernación, de Sedesol, Alejandro Caso, y de Salud, Carlos Olmos. En la Secretaría de Gobernación, Irma Pía González Luna, Héctor Villarreal Ordóñez y Luis Lozano González estuvieron al frente de la Subsecretaría de Normatividad y Medios en ese periodo.

El regreso del PRI tampoco corrigió los vicios del pasado panista. Y la deuda heredada todavía subsiste. En algunos casos, por mandato judicial, deberá pagarse… con intereses.