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En el sexto año de la desaparición de Los 43, el gobierno federal escenificó una tomadura de pelo, ya no solo a los deudos de los normalistas, sino a la sociedad mexicana.

De lo declarado por quienes se comprometieron a encontrar una distinta verdad a la “histórica” sobresale que su hoja de ruta es la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a la de Rosario Piedra de noviembre de 2018, pero manejada vergonzantemente sin acreditarla y usada nada más para enfatizar los puntos que convienen al acomodo de datos para obsequiar una desaseada narrativa que atempere los reclamos de los padres y sus facciosos representantes.

El presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia y subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la recomendación aludida está siendo tomada en cuenta, pero no especificó en qué o para qué ni asumió que de hecho nada nuevo tenía por informar.

Ni él ni quienes le sucedieron en la palabra hicieron la menor alusión a los 114 restos óseos que la extinta Oficina Especial del caso Iguala recomendó hace casi dos años se enviaran a Innsbruck para su estudio genético, omisión que atenta contra la memoria de los asesinados y la dignidad de los deudos, sino contra el derecho a la justicia y la información de quienes buscan, entre 60 o 70 mil desaparecidos que hay en México, a sus familiares.

Paradójicamente, el subsecretario reclama a los jueces las liberaciones de decenas de inculpados detenidos por la ex PGR conforme a las pruebas de la verdad histórica… ¡que rechaza! Recrimina que no pidan sanción contra “torturadores” y se limitan a decretar liberaciones indebidas, y les reprocha que no hayan pedido únicamente la reposición del procedimiento.

Dio por hecho la tortura pretextada por esos jueces, cuando lo cierto es que en la mayoría de los casos nunca fue demostrada.

Con excepción del hueso que resultó pertenecer a un tercer normalista que ya fue identificado, las “acciones de búsqueda” de las nuevas autoridades no han dado resultado que valga y difícilmente lo darán, excepto confirmar oficialmente que aquellos desaparecidos fueron asesinados.

Afirmó la mentira de que “la verdad es que no hay verdad”, pasando por alto que cualquiera que sea o haya sido esa “verdad” indiscutiblemente lo fue, y que la única que no ha sido rebatida por nadie es la que dejaron las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Guerrero, seguidas por la Procuraduría General de la República, y que fue revisada, corregida y aumentada como ninguna otra en la historia por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Si grave es que el subsecretario no haya reportado nada esencial, pero sí omitido información tan importante como los 114 fragmentos que siguen sin enviarse a la universidad austriaca, otros que hablaron el sábado reciente se pasaron de bribones.

Y ojo: sin proponérselo, el presidente López Obrador le dio una buena coartada al perseguido Tomás Zerón…