Pensando en las dificultades de crear un orden nuevo, glosadas ayer en este espacio, la pregunta es si, en su primer año de gobierno, López Obrador ha transformado suficiente el “orden viejo” y puesto en la mesa suficiente del “orden nuevo”. Creo que no, ni una cosa ni otra, salvo en el conjunto de sus … Continued
Pensando en las dificultades de crear un orden nuevo, glosadas ayer en este espacio, la pregunta es si, en su primer año de gobierno, López Obrador ha transformado suficiente el “orden viejo” y puesto en la mesa suficiente del “orden nuevo”.
Creo que no, ni una cosa ni otra, salvo en el conjunto de sus leyes nuevas, sujetas casi todas, sin embargo, a algún tipo de querella constitucional.
El año de 2020 en que entramos, aunque sea solo el segundo de los de este gobierno, parece el año decisivo para efectos de la transformación prometida.
Lo que no acabe de sembrarse en 2020 será inalcanzable, en lo general, como en todos los gobiernos, para el resto del sexenio.
El 2020 definirá si este gobierno es capaz de la “revolución pacífica” que pretende o es solo un gobierno democrático más, que reforma lo que puede y acaba cumpliendo menos de lo que promete.
Los errores cometidos hasta ahora por el gobierno pesan más que los aciertos en ambos caminos: para la revolución y para la reforma.
Los errores en materia económica, por ejemplo, en particular la cancelación del aeropuerto de Texcoco, mataron de arranque la confianza de los inversionistas, que no ha podido recuperarse hasta ahora.
Indicios de recuperación son la firma del nuevo tratado comercial con los Estados Unidos y el plan de inversiones privadas en infraestructura, pactado con grandes empresarios mexicanos. Pero ninguna de las dos cosas tendrá efectos rápidos, si los tiene.
La improvisación en materia de seguridad con que empezó el gobierno, el desmantelamiento de lo poco que había en ese terreno, como la Policía Federal, y el experimento informe de una Guardia Nacional, debilidades y desconciertos que no habíamos visto hasta ahora.
La política de austeridad republicana, pensada para acabar con la corrupción, significó pérdida de salario, derechos y empleo para miles de servidores públicos, sin que esté claro con cuál corrupción se terminó.
La exoneración de Manuel Bartlett, un político de riqueza inexplicada, manchó la promesa del gobierno de que la limpia de la corrupción empezaría por casa.
¿Revolución pacífica? No todavía. 2020 dirá.
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