Los vecinos afectados acusaron a autoridades de omisión y criminalización, lo que les provocó graves afectaciones económicas y de salud
Vecinos desalojados de un edificio en el Centro Histórico de la Ciudad de México acusaron este jueves a las autoridades de violaciones a sus derechos humanos, además de omisión y criminalización, tras ser sacados a la fuerza la semana pasada del inmueble que habitaron por décadas, lo que les ha causado graves afectaciones económicas y de salud.
“Tenemos severos problemas. Nos despojaron de nuestra vivienda, una más de todo el desmán que se está haciendo con la gentrificación”, expuso el vecino Manuel Gómez Tello, en una conferencia de prensa frente al edificio.
La madrugada del miércoles 27 de agosto, 19 familias y varios comercios fueron desalojados forzosamente y sin previo aviso de un inmueble ubicado en la calle República de Cuba 11, a unas calles del Zócalo capitalino, en un operativo a cargo de fuerzas policiales.
Sus pertenencias quedaron en medio de la calle y muchos objetos fueron dañados o robados, incluida la mercancía y las ganancias en efectivo de varios negocios que estaban en el inmueble.
El impacto ocasionó la muerte del dueño de un negocio de impresoras, Adrián Montoya, quien al día siguiente falleció de un paro cardíaco tras la impresión de ver todos los aparatos en medio de la calle, según detalló su hijo, Julio Montoya.
“Para mi padre es una noticia fuerte ver todas sus cosas tiradas, como si no valieran nada, como si fuera una basura”, expuso Montoya, a unos pasos de las máquinas hechas pedazos que aún ocupan gran parte de la calle, junto al campamento.
Los vecinos, en su mayoría adultos mayores, señalaron que el desalojo fue realizado por más de 100 agentes policiales, a diferencia de la versión del Gobierno que afirmó que fueron entre 20 y 24 agentes.
“Llegaron rompiendo puertas, candados, se metieron, nos saquearon, nos robaron”, denunció Arturo Velázquez, de 65 años.
Además, afirmaron que los agentes estaban acompañados de “más de 150 delicuentes” que se repartían sus pertenencias, de lo cual tienen pruebas, que harán públicas en próximos días.
En el operativo violento, Velázquez fue empujado por las escaleras mientras cargaba un sillón y perdió un diente, advirtió, y otros vecinos sufrieron daños en su salud, los cuales se agravan al permanecer en la calle, lo que les complica el tratamiento adecuado de condiciones de salud como diabetes.
El abogado de los vecinos, Arturo Aparicio, dijo que en protesta por el desalojo, los afectados cerraron una avenida y consiguieron entablar un diálogo con el Gobierno, donde entregaron un pliego petitorio con 10 puntos.
Entre las peticiones, destaca la exigencia de retorno inmediato de las familias a la vivienda y la claridad del proceso jurídico, así como el acompañamiento para denunciar las violaciones a sus derechos humanos.
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El abogado detalló que el inmueble fue reclamado tras un juicio entre particulares, iniciado contra el propietario fallecido en 1992, pero los inquilinos continuaron pagando rentas a una empresa que no acreditó ser representante legal del propietario.
También advirtió que el desalojo fue violatorio al derecho a la vivienda y al de participar en un juicio para reclamar la propiedad, ya que los inquilinos estaban gestionando con el Gobierno la posibilidad de adquirir el inmueble.
Asimismo, denunció que las reuniones con el Gobierno de la Ciudad de México se encuentran “congeladas” y que algunos apoyos han sido condicionados a que los vecinos dejen de recibir la ayuda de activistas, como el Fondo por la Vivienda Joven.
Con información de EFE.
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