“Con este fallo, el próximo año, todos podrán burlarse el árbitro electoral y violar la Ley”, agregó
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió por mayoría que el gobernador electo de Coahuila, el priista Miguel Riquelme, no rebasó el tope de gastos de campaña como lo afirmaron los partidos de oposición.
Durante la sesión de este viernes, el pleno de la Sala Superior consideró que el mandatario electo y candidato de la coalición por un Coahuila Seguro no rebasó el tope de gastos de gasto de campaña y por ende no hay elementos para declarar la nulidad de la elección por ese motivo.
El ex candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, Guillermo Anaya Llamas, manifestó que no está conforme con la decisión y aseguró que magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cedieron a las presiones del “PRI-Gobierno”.
“Las severas presiones del Gobierno Federal y del PRI lograron que el Tribunal Federal Electoral traicionara la voluntad de la mayoría de los coahuilenses”, fustiga Anaya en un comunicado de presa, fechado en la Ciudad de México.
El excandidato dijo que los fallos donde se ratifica a Riquelme son un atentado contra la democracia y tienen como objetivo proteger a Rubén y Humberto Moreira.
“Anaya Llamas condenó enérgicamente que los magistrados no hayan escuchado la indignación de cientos de miles de coahuilenses, quienes documentaron más de 200 pruebas y simplemente fueron ignorados por un Tribunal Federal secuestrado por el PRI Gobierno”, agrega.
El panista acusa que el fallo sentará un precedente para la elección Presidencial del año próximo porque habrá “un sistema permisivo de prorrateo”.
“Con este fallo, el próximo año, todos podrán burlarse el árbitro electoral y violar la Ley bajo la complacencia de un TRIFE (sic) doblegado, el cual será recordado como el más entregado de la historia porque no respondió a los intereses de Coahuila, sino a los de Moreira y Enrique Peña Nieto”, expuso.
Anaya Llamas, finalmente dijo que no hubo transparencia ya que el tribunal no publicó en sus estrados la fecha y hora de la sesión, cuando la ley ordena convocar con al menos 12 horas antes.
Redacción
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