Desde 2021 Propuesta Cívica inició juicios de amparo para impulsar el reconocimiento de Proceso como víctima indirecta del asesinato de Regina Martínez
La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) aceptó este viernes analizar un amparo presentado en conjunto por la organización Propuesta Cívica y el semanario Proceso para que la revista sea reconocida como víctima indirecta del asesinato de la periodista Regina Martínez, ocurrido hace 11 años.
“Nuestro Máximo Tribunal tiene la oportunidad histórica de reconocer la existencia de una afectación hacia el Semanario Proceso por el homicidio de Regina, al coartar la libertad de expresión del medio de comunicación”, dijeron ambas organizaciones en un comunicado.
De acuerdo con el director de la revista Proceso, Jorge Carrasco, tras el asesinato de Martínez, ese medio de comunicación perdió presencia en la entidad y tampoco podía dar seguimiento a las investigaciones, “lo que demuestra la afectación que sufre la libertad de expresión cuando un periodista es asesinado”.
Es por ello que desde 2021 Propuesta Cívica inició juicios de amparo para impulsar el reconocimiento de Proceso como víctima indirecta del asesinato, pues fue el último medio para el que trabajo Martínez como corresponsal, lo cual no se logró.
Fue hasta el 24 de octubre de 2022, cuando la SCJN decidió revisar el caso de la periodista, el cual fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
El objetivo de que el semanario sea reconocido como víctima indirecta del crimen es, dijeron ambas organizaciones, que puedan tener “un papel activo dentro de la investigación para frenar la impunidad que ha prevalecido todos estos años en un crimen que marcó un antes y después en las condiciones de seguridad y libertad para ejercer el periodismo en México”.
Asimismo, confiaron en que la decisión sea positiva y así dejar un precedente importante para los medios de comunicación en las agresiones cometidas en contra del derecho a la libertad de expresión.
El caso de Regina Martínez
Martínez, quien fue asesinada el 27 abril de 2012 en su domicilio de la ciudad mexicana de Xalapa, era periodista de investigación del semanario Proceso y estaba especializada en temas de narcotráfico y de corrupción de las autoridades.
Días antes de su asesinato había denunciado la supuesta implicación de nueve policías en un asunto de tráfico de drogas.
En octubre de 2014, uno de los acusados del homicidio de la periodista fue recapturado e internado en prisión para seguir cumpliendo la sentencia en su contra, de 38 años y dos meses, luego de un año de haber sido liberado.
El sujeto, sentenciado y encarcelado en abril de 2013, obtuvo su libertad en agosto de ese año luego de que un juez determinó que se habían violentado sus garantías individuales, pero la resolución fue revertida y se ordenó su reaprehensión.
México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo. En 2022 se apuntó como el “país en paz” más peligroso para la prensa, al concentrar 20 % de los asesinatos de periodistas, con 13 casos, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
De acuerdo con la organización Artículo 19, un total de 157 periodistas han sido asesinados en México desde 2000 en posible relación con su labor. De estos, 37 han ocurrido durante el actual mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.
Con información de EFE
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