El Gobierno de México quedó a la espera de que autoridades españolas fijen la fecha de audiencia para conocer si Emilio Lozoya acepta o no su extradición
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó al Gobierno de España la extradición de Emilio Lozoya.
Dos semanas después de que el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera detenido en Málaga por asociación delictuosa organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó la documentación requerida para el proceso de extradición.
El Gobierno de México quedó a la espera de que las autoridades españolas fijen la fecha de audiencia para conocer si Emilio Lozoya acepta o no su repatriación a México para enfrentar a la justicia.
Cabe recordar que el canciller Marcelo Ebrard informó que el exdirector de Pemex no solicitó asistencia consular de México.
A Lozoya Austin se le acusa de recibir 10.5 millones dólares de sobornos por parte de directivos de Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de un planta de fertilizantes.
En mayo de 2019, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años al exdirector de Pemex tras el “resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que proporcionó información falsa en la declaración patrimonial y en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.
Tras fugarse, el 29 de mayo de 2019, la FGR solicitó a Interpol la emisión de la ficha roja.
Lozoya fue director de Pemex desde 2012 hasta 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Siendo un economista con vasta experiencia internacional, Lozoya fue acusado de recibir sobornos de funcionarios de Odebrecht.
Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al poder en diciembre de 2018, la nueva FGR empujó una investigación en contra de Lozoya, y en mayo de 2019 se emitió una orden de captura.
El año pasado, además, fue inhabilitado por 10 años para ocupar un cargo público por la Secretaría de la Función Pública (SFP) , una decisión validada el pasado 6 de febrero por un tribunal. Y también se le congelaron las cuentas.
Con información de López-Dóriga Digital
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