María Novoa, coordinadora del área de justicia de la organización, apuntó que el promedio de impunidad en el país es de 87.3 por ciento
En entrevista para su espacio en Radio Fórmula, Joaquín López-Dóriga entrevistó a María Novoa, coordinadora del área de justicia de la organización México Evalúa, en donde habló sobre los resultado del informe “Hallazgos 2017: Seguimiento y Evaluación del sistema de Justicia Penal en México”, el cual detalló que el promedio de impunidad en el país es de 87.3 por ciento.
“Aquí el tema es la impunidad pero solo del seis por ciento de delitos que entran al sistema, lo demás no se denuncia. El sistema está colapsado, estancado, No se le está dando respuesta siquiera a este porcentaje”, argumentó.
“Aquí estamos midiendo las distintas salidas que tienes a través del sistema tanto en sede de las procuradurías así como en sede de los poderes judiciales, y así por estos diversos sistemas de salida tenemos un alto índice de impunidad. Lo que estamos midiendo también cuánto es efectivo el sistema para resolver los delitos que ingresan”, recalcó.
Los estados que presentan los niveles más altos de impunidad en el sistema acusatorio son Jalisco (99.3 por ciento), Tlaxcala (99.1 por ciento), Yucatán (98.9 por ciento) y Nuevo León (97.3 por ciento), mientras que los estados con menor grado de impunidad, aun cuando éste es signicativamente alto, son Guanajuato (56.8 por ciento), Querétaro (72.2 por ciento), Baja California (76.4 por ciento) y Coahuila (76.6 por ciento). Para María Novoa, todas las entidades federativas están reprobadas.
“Para nosotros, todos están reprobados, la impunidad está entre el 60 y casi el 100 por ciento en algunos. Los que tienen menos niveles de impunidad tampoco están usando las salidas positivas dentro del Sistema de Penal Acusatorio”, apuntó.
Recalcó que una de las salidas negativas que que se tienen en el proceso judicial es el llamado archivo temporal, que es donde se terminan muriendo los casos.
“Una de las salidas negativas es el archivo temporal, que es cuando ya no tienes muchos elementos en un caso, para que no quede como que no se está resolviendo lo mandan a ese archivo, mientras se va recogiendo más información. Ahí realmente se mueren los casos”, apuntó.
“De 100 casos que entran, 50 señalan que están sin ninguna respuesta, lo van acumulando, es como el rezago. Del otro 50 que están resolviendo, 30 se van a archivo provisional, también se activan otras salidas como incompetencia y abstenciones a investigar que ahí se van entre cho y diez, y entonces lo que se judicializa son 10 casos”, destacó.
Apuntó que también existen otros cuellos de botella delicados, que es a nivel policía, quien es el primero que ve un delito y detiene al delincuente en flagrancia, lo cual ha disminuido según el informe.
“Están bajando el número de detenciones, pero tenemos más incidencia delictiva. Esto es porque no tiene el policía incentivos para detener a nadie, puede haber hasta procesos de corrupción ahí. Si lo hace mal, puede tener responsabilidad penal y administrativa, puede perder el trabajo”, expuso.
“En los ocho años de supuesto proceso de implementación (del Sistema de Justicia Penal) fueron en los últimos seis meses de esos años que se dieron cuenta que tenían que haber preparado a las policías como primer respondiente, ahí debieron haber empezado”, argumentó.
Detalló que para la implementación del Sistema de Justicia Penal acusatorio se gastaron más de 10 mil millones de pesos, los cuales fueron a parar a las entidades federativas.
“Se gastaron cinco mil millones de pesos mediante subsidio federal más cinco mil millones de pesos por un fideicomiso, además de apoyos de toda la cooperación internacional como el Plan Mérida. Es impresionante, y esos recursos, no fueron para el poder judicial, sino fueron para las entidades federativas”.
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