El objetivo del protocolo es “ofrecer garantías para los héroes ciudadanos y servidores públicos que se conducen con integridad y se atreven a alzar la voz en nombre de la sociedad”
La Secretaría de la Función Publica (SFP) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de Corrupción.
La titular de SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que en esta administración federal “impulsamos una nueva política pública para fomentar la denuncia con base en tres ejes: confidencialidad de los denunciantes, acompañamiento desburocratizador de la denuncia y proactividad de la Función Pública para combatir la impunidad”.
Precisó que el objetivo del protocolo es “ofrecer garantías para los héroes ciudadanos y servidores públicos que se conducen con integridad y se atreven a alzar la voz en nombre de la sociedad”.
El protocolo consolida uno de los cinco ejes con los que se impulsa el combate a la corrupción, que busca otorgar medidas de protección efectivas a las personas alertadoras que denuncien, a través del Sistema de Ciudadanos Alertadores (www.alertadores.funcionpublica.gob.mx), hechos graves de corrupción relacionados con cohecho, peculado y desvío de recursos públicos cometidos en la Administración Pública Federal.
Esta herramienta coordina las acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de la persona alertadora de la corrupción, garantizar su certeza y seguridad jurídica, y promover mecanismos de protección oportunos y eficaces que resguarden su integridad en todos los aspectos.
La secretaria Sandoval Ballesteros afirmó que con esta estrategia de combate a la corrupción se replican las mejores prácticas a nivel internacional, a través de esquemas que permitan reconocer la importancia de la denuncia ciudadana, con base en los principios de los tratados y convenios de los que México es parte, como las convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Interamericana contra la Corrupción, y Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Para la aplicación de las medidas de protección señaladas en el protocolo, la Función Pública, a través de la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de los Órganos Internos de Control, y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado, deberá realizar las gestiones sin dilación, a fin de evitar poner en riesgo a los alertadores.
Además, la titular de la Función Pública podrá suscribir los convenios de colaboración con los entes públicos y privados que faciliten el otorgamiento de las medidas de protección previstas en el protocolo.
La secretaria Sandoval Ballesteros refirió que, en el pasado, “en la lógica de la corrupción se ha querido menoscabar el valor de quien se atreve a denunciar, de quien tiene el imperativo moral de hacer lo correcto y una motivación ética de actuar en contra de la corrupción”, lo que ya no se permitirá.
Con información de López-Dóriga Digital
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