A la desaparición cometida por particulares, se le impondrá pena de 25 a 50 años y multa de 301 mil 960 a 603 mil 920 pesos
El pleno del Senado de la República avaló el dictamen que expide la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, la cual prevé sanciones de 90 años de prisión a funcionarios y policías involucrados en este delito.
En el marco de la sesión ordinaria se aprobó por 90 a favor y tres abstenciones la nueva ley que establece que la desaparición forzada, cometida por funcionarios públicos, será castigada con 40 a 60 años de prisión y multa de 754 mil 990 a 1 millón 509 mil 800 pesos.
A la desaparición cometida por particulares, se le impondrá pena de 25 a 50 años y multa de 301 mil 960 a 603 mil 920 pesos.
Sin embargo, la sanción aumentará hasta en una mitad, es decir hasta 90 años de cárcel, si durante o después la persona desaparecida muere, debido a cualquier alteración de su salud, que sea consecuencia de dicha desaparición o por enfermedad previa que no hubiere sido atendida de forma adecuada.
Asimismo a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona, se le impondrá pena de 15 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días multa.
También se establece que la pena de prisión bajará si los autores o partícipes liberan a la víctima espontáneamente dentro de los 10 días siguientes a la desaparición, ya que disminuirán hasta en una mitad.
Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización con vida de la persona desaparecida, disminuirán hasta en una tercera parte. Si los autores o partícipes proporcionan información efectiva que conduzca a la localización del cadáver o de los restos humanos de la persona desaparecida, disminuirán hasta en una cuarta parte.
En tribuna, la senadora Angélica de la Peña, del Partido de la Revoluición Democrática (PRD), expuso que con la nueva ley, “la búsqueda comienza en el primer minuto que se recurre a las autoridades o por noticia o por reporte o por denuncia respecto de que una persona está desaparecida”.
La senadora Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso la desaparición de personas en México es un “problema que no solo afecta a las victimas sino también a padres, hijos, parejas, amigos de quienes han desaparecido, mujeres y hombres angustiados que buscan desesperadamente todos los días a cada minuto información de cualquier tipo”.
La nueva ley crea un Sistema Nacional de Búsqueda, en respuesta al mandato constitucional; una Comisión Nacional de Búsqueda y mecanismos para el intercambio de información y registros nacionales importantes.
Redacción
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