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Sector seguridad privada pide trato diferenciado en reforma para reducir jornada
Un integrante de una empresa de seguridad privada vigila una plaza comercial en Ciudad de México (México). Fotografía de Archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

El sector de la seguridad privada solicitó este viernes a las autoridades y legisladores un tratamiento diferenciado en la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales.

Durante el tercer Foro para la implementación de la Semana Laboral de 40 horas, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) advirtió que una implementación sin ajustes pondría en riesgo su operación y fomentaría la informalidad.

La directora general de la AMESP, Verónica Torres Landa, explicó que la actividad de vigilancia se desarrolla en turnos prolongados, en “sitios sensibles” como aeropuertos, hospitales, fábricas o eventos masivos.

“Interrumpir sus jornadas por una reducción generalizada no es viable sin afectar gravemente su labor”, afirmó la representante del organismo, quien destacó que el personal enfrenta condiciones de “alto riesgo y presión constante”.

Agregó que reducir la jornada sin una estrategia de cobertura adecuada “podría elevar los errores operativos y la exposición al peligro”.

Según Torres Landa, para cumplir con la cobertura de vigilancia bajo jornadas reducidas, sería necesario duplicar el personal, un escenario financieramente insostenible para muchas empresas del sector formal.

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En consecuencia, advirtió que esto podría incentivar prácticas laborales informales y deteriorar las condiciones que precisamente se pretende mejorar con la reforma.

La directora de la AMESP también alertó sobre las dificultades logísticas que enfrentan los trabajadores de seguridad privada, como largos trayectos nocturnos en horarios sin transporte público, lo que incide en su descanso y calidad de vida.

Ante este panorama, la AMESP propone que la seguridad privada sea clasificada como “trabajo especial” dentro de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que su regulación contemple sus “condiciones operativas particulares”.

“No nos oponemos a la mejora de condiciones laborales. Al contrario, queremos que sean sostenibles y seguras para todos. Pero aplicar un esquema único a sectores con realidades tan distintas puede generar más problemas que soluciones”, dijo Torres Landa.

Su participación concluyó con un “llamado respetuoso a las autoridades laborales y legisladores para abrir un diálogo técnico y especializado que permita construir una regulación justa, viable y adecuada a la realidad del país”.

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales se encuentra actualmente en discusión en el Congreso mexicano.