La Secretaría de la Función Pública anunció las sanciones, que incluyen destituciones e inhabilitaciones por 10 años, por la fuga del Chapo
El titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, anunció este martes sanciones, las cuales van de entre destituciones e inhabilitaciones por 10 años, para diversos servidores públicos, que tuvieron alguna responsabilidad en la fuga de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, el 11 de julio de 2015, del Penal Federal de El Altiplano.
En rueda de prensa, el funcionario dijo que se trata de Celina Oseguera, Leonor García, Valentín Cárdenas Lerma, Roberto Cruz Bernal, Esteban Estrada Ramírez y Jorge Ignacio Cuarenta, a quienes de les “ha comprobado plenamente el conjunto de sus faltas”.
Andrade Martínez señaló que estas sanciones se determinaron después de cinco meses de investigaciones, y se trata de los casos “que teníamos abiertos”, pero la dependencia a su cargo atenderá cualquier evento al respecto.
Aclaró que de acuerdo con el ámbito administrativo, las consecuencias de comportamientos irregulares de los servidores públicos tienen implicaciones en su futuro en ese sector, es decir, que consisten en destituciones o inhabilitaciones por un periodo de tiempo máximo de 10 años.
Subrayó que la SFP atiende la parte administrativa, pero la parte penal relacionada con conductas específicas y bienes tutelados “está hoy en día en manos de los jueces, e inicia del proceso en la Procuraduría General de la República”.
Por lo tanto, abundó, los servidores públicos que incurren en irregularidades, siempre tienen dos ámbitos de sanción, el administrativo y el penal, y en este caso a la Secretaría de la Función Pública le corresponde el primero.
Oseguera Parra, ex coordinadora de Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) fue inhabilitada por 10 años. En septiembre del año pasado, un juez federal negó otorgar una suspensión definitiva a la orden de aprehensión girada en contra de la funcionaria, por lo que se ordenó que debía permanecer recluida en el penal del Altiplano.
A la ex coordinadora General de Centros Federales, se le inhabilitó por incumplir diversas disposiciones y se le imputa no haber coordinado y presentado un proyecto de presupuesto de 2014 y 2015, para activar y mantener en funcionamiento los sistemas de seguridad.
El titular de la SFP dijo que Oseguera omitió coordinar, supervisar y evaluar acciones que permitieran optimizar el funcionamiento del Centro Federal de El Altiplano en materia de seguridad y celebró el 31 de diciembre de 2014 una sesión extraordinaria para autorizar y entregar una serie de bienes, fuera de la normatividad, a Joaquín Guzmán Loera.
A Leonor García García, directora técnica “C” y titular del área Jurídica del penal se le destituyó e inhabilitó 10 años, por no haber declarado el estado de alerta máxima de manera inmediata, cuando se tuvo conocimiento de los hechos.
A Valentín Cárdenas Lerma, quien era Director General del Penal, se le inhabilitó por 10 años, particularmente porque omitió establecer la coordinación con las fuerzas de seguridad en el tiempo que debió hacerlo, y no activó el Código Rojo que corresponde a estos casos.
A Roberto Cruz Bernal, supervisor penitenciario adscrito al Centro Federal de El Altiplano, se le destituyó e inhabilitó por 10 años, también por razones similares, es decir, no actuar con diligencia y prontitud para activar el Código Rojo.
Además porque omitió realizar una vigilancia permanente minuciosa en el área que le correspondía, sin dejar a alguien que cubriera su ausencia.
A su vez, Esteban Estrada Ramírez, oficial en Prevención, adscrito a ese Centro, se le destituyó del cargo e inhabilitó por 10 años por no atender las llamadas que se presentaron desde el Centro de Monitoreo, no activar la voz de Código Rojo, ni dar la alerta general.
En tanto, a Juan Ignacio Cuarenta Orozco, supervisor penitenciario, se le destituyó e inhabilitó por 10 años, por la misma causa que Estrada Ramírez.
El secretario de la Función Pública dijo que se trata de sanciones definitivas, independientes de los procesos penales que enfrenten, pero queda abierto el derecho de las personas a acudir al Poder Judicial de la Federación.
Redacción
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