De acuerdo a datos del INEGI, en el 2020 existieron 36 mil 773 casos de violencia familiar en México, de los cuales 52 casos derivaron en homicidios
Imponer sanciones a quienes incurran en falsedad de declaraciones en un juicio de divorcio disminuirá el impacto al maltrato infantil por interferencia parental, reducirá el gasto al erario público y generará consciencia colectiva en beneficio de todos los integrantes de las familias en conflicto.
Lo anterior, derivado de la problemática que se presenta en los juzgados familiares con la imposición de medidas de protección o cautelares provocadas por denuncias falsas, en muchos casos por madres de familia, que sólo alargan los juicios y causan daños irreversibles a las niñas, niños y adolescentes involucrados.
Según la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados, el 30% de los divorcios en México son separaciones violentas, y de ellas en más del 30% de los casos los niños sufren algún grado de alienación parental.
De acuerdo con Miguel Angel Plata, presidente y Fundador de Mickey & Sofi MAAS INFANCIA FELIZ A.C., el tiempo de un proceso de guardia y custodia definitiva en México oscila entre los dos y seis años, y en algunos casos se han alargado hasta 17 años.
El colectivo Materia Familiar, también se ha expresado en ese sentido, agregando una preocupación por la tendencia de ‘satanizar’ al padre desde la legislación, olvidando que el foco de atención y protección debe estar en los menores, ya que ambos progenitores pueden ser violentos y afectar a los hijos de igual manera.
De acuerdo a datos del INEGI, en el 2020 existieron 36 mil 773 casos de violencia familiar en México, de los cuales 52 casos derivaron en homicidio. En el 2017 hubo alrededor de 127 mil niños y niñas que quedaron en medio de la batalla legal entre sus progenitores. Del total de divorcios judicializados en 2017, 27.6% tiene 1 hijo menor de 18 años de edad; 21.2% tiene 2 hijos menores de 18 años de edad; y 8.3% tiene 3 hijos menores de 18 años de edad.
La Alienación Parental es la manipulación que ejerce un progenitor hacia el menor de edad para impedir, obstaculizar o destruir la relación con el otro progenitor y provocar el rechazo hacia éste. Aunque este tipo de maltrato es reconocido en países europeos y sudamericanos como Brasil, en la Ciudad de México se ha derogado esa figura.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos también fijó una postura en ese mismo sentido. En su pronunciamiento DGDDH/054/2022 de agosto de este año, señala que la legislación en la materia tiene que tomar como fundamento el principio de que los derechos humanos se atribuyen a la persona, y no basarse en posturas radicales sexistas.
Para Plata Mejía, una de las propuestas para disminuir los efectos negativos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes por interferencia y manipulación parental es blindarlos de las denuncias falsas y de dictámenes psicológicos a modo que practican instituciones como el DIF y otras instituciones.
Propuso también que las entrevistas de todas las partes, es decir adultos e infantes, sean grabadas con audio para eventualmente, en caso de inconformidad de alguna de las partes, se reevalúen por peritos especializados que confirmen la imparcialidad del dictamen, ya que en ocasiones son alterados por actos de corrupción de alguno de los progenitores con las y los psicólogos que los elaboran.
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