El propietario de los leones volvió a negarse a entregarlos; podría enfrentar una pena de uno a cuatro años de prisión
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detalló que turnará a la Procuraduría General de la República (PGR) el caso de posesión de tres felinos en la colonia Viaducto Piedad, ubicada en la alcaldía de Iztacalco en la Ciudad de México, toda vez que el poseedor de dichos animales se negó a que los inspectores cumplimentaran la orden para trasladar temporalmente a los leones a una unidad de manejo especializada para su estancia y cuidados.
La medida del cambio de depositaria se ordenó mediante acuerdo que pretendió ser notificado este día al propietario del domicilio, quien se negó a atender la diligencia e impidió que los inspectores llevaran a cabo las labores de contención y manejo de los tres leones asegurados.
La Profepa inició el procedimiento administrativo por presuntas violaciones a la Ley General de Vida Silvestre en materia de posesión de ejemplares de fauna silvestre exótica, sin contar con la autorización y por faltas al trato digno y respetuoso a los organismos, pues a los felinos les fueron extraídas sus garras.
Ante la negativa del inspeccionado, demás de enfrentar el procedimiento administrativo de la Profepa, ahora también deberá responder a las sanciones que en materia penal se establecen por no cumplir las medidas de seguridad ordenadas por la autoridad.
El pasado 10 de octubre en atención a denuncias, los inspectores de la Profepa cumplimentaron una orden de inspección en el domicilio de Viaducto Piedad, donde observaron que se mantenía en la azotea de la casa-habitación a tres leones africanos de aproximadamente año y medio de edad, sin contar con las instalaciones de albergue adecuadas para la estancia de los felinos, además de no contar con el registro y plan de manejo aprobado que exigen la Ley General de Vida Silvestre.
La sanción en materia administrativa por faltar al trato digno y respetuoso a ejemplares de la vida silvestre consiste en multa por el equivalente de 20 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde a la Ley General de Vida Silvestre.
Asimismo, el Código Penal Federal considera la pena de uno a cuatro años de prisión por delito contra la gestión ambiental.
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