Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, apuntó que es preocupante que el gobierno federal proponga expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas al ámbito económico
Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseveró que preocupa que el gobierno federal proponga expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas al ámbito económico del país.
Esto luego de que el gobierno detallara que las Fuerzas Armadas podrían asumir tareas de desarrollo inmobiliario, construcción de obras públicas, que exploten y se beneficien de las actividades aeroportuarias, además de adquirir bienes y contratar servicios en tales esferas, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional.
“Lo anterior, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico, se afianza su poder político y se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, nuestras Fuerzas Armadas dejen de tener incentivos reales para que, una vez superados los estados de emergencia, renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil”, expresó el ombudsperson durante las Audiencias Públicas en Materia de Guardia Nacional, convocadas por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
González Pérez afirmó que, como se plantea, la Guardia Nacional no garantiza justicia y marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, y omite establecer claramente una ruta en sentido contrario.
La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, aseguró, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación, e implica un riesgo elevado de que se verifiquen potenciales violaciones a los derechos humanos.
Enfatizó que, desde la perspectiva de los derechos humanos, la propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que tampoco garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, y contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir.
Con información de López-Dóriga Digital
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