Tecnoradio debió pagar 288 millones de pesos que ofertó por 37 frecuencias, anterior a esto, López-Dóriga expuso el fraude
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) permitió que Tecnoradio participara en la licitación de radio con ventajas y sin sanciones, a pesar que el organismo contaba con información para comprobar la relación de la empresa con 84 radiodifusoras.
En una demanda interpuesta por el regulador contra Tecnoradio ante la Procuraduría General de la República se enumeran a los familiares de Alí Eduardo Santana, socio mayoritario de la empresa, relacionados con Radiorama, Megacima, Grupo Radio México, Corporación Mexicana de Radiodifusión, Grupo Siete Comunicación, NRM Comunicaciones y Multimedios.
La información del IFT expone que el parentesco de la esposa de Bañuelos Santana, Bibiana del Carmen Toscano Castro, es directa con 77 estaciones de radio, además se le vincula con otras siete, dando un total de 84 frecuencias en operación.
Esto comprueba que Tecnoradio no podría integrar la licitación como nuevo entrante, sin embargo se acreditó como tal ante el IFT, recibiendo un descuento del 15 por ciento por frecuencia ganada, lo que representó un ahorro de alrededor de 40 millones de pesos.
(Video cortesía de El Universal)
El IFT pide el testimonio de Joaquín López-Dóriga y Javier Tejado Dondé, quienes, respectivamente, publicaron las conexiones familiares de Bañuelos Santana, a pesar de contar con la información del parentesco de este último con radiodifusoras, accionistas y si participación accionaria, directivos y representante comercial de cada estación vinculada con Tecnoradio.
En la demanda se solicita el testimonio de López-Dóriga y Tejado, anexando las direcciones de los medios donde laboran. Sin embargo, no contiene la dirección del imputado, Alí Eduardo Bañuelos Santana, ni de las estaciones de radio involucradas.
Tecnoradio debió pagar 288 millones de pesos que ofertó por 37 frecuencias, anterior a esto, López-Dóriga y Tejado expusieron el fraude.
A continuación reproducimos de manera íntegra una editorial del periódico El Universal escrita este martes, donde critica el accionar de los organismos autónomos en México, como es el caso del IFT.
Ir contra los mensajeros
Los organismos autónomos en México son instituciones que surgieron en la compleja dinámica de una tradición autoritaria con el fin de colaborar en el tránsito hacia la consolidación democrática. Su papel tiene que ver con el establecimiento de lineamientos y contrapesos en temas fundamentales que dan sustento a la vida pública: transparencia y rendición de cuentas, asuntos electorales, derechos humanos, política monetaria, telecomunicaciones, entre otros.
Uno de los roles primarios de los organismos autónomos es ofrecer certezas en el arbitraje de los conflictos legales que surgen en lo cotidiano sobre los temas que les ocupa. No pueden, bajo ninguna circunstancia, emplear la arbitrariedad como herramienta para la resolución de los conflictos porque estarían violentando su propia razón de ser.
Como da a conocer hoy EL UNIVERSAL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo, tenía elementos para evitar que la empresa Tecnoradio participara ilegalmente en licitaciones de frecuencias de radio, pero incumplió con esta responsabilidad. Más aún, además de permitir la participación de esta empresa en el proceso, el IFT ha llamado a testificar a quienes dieron a conocer el caso en los medios de comunicación.
De esta forma, el IFT requirió los testimonios del abogado Javier Tejado Dóndé, colaborador de esta casa editorial, y del periodista Joaquín López-Dóriga. En la demanda interpuesta se presume la falsificación de documentos, uso de los mismos y fraude en grado de tentativa de parte de Tecnoradio y sus directivos, pero es a estos personajes, y no a los presuntos responsables, a los que el IFT reclama sin que sean parte del conflicto.
En una práctica similar incurrió el Instituto Nacional Electoral (INE) al citar a los periodistas Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva por ser parte involuntaria de un spot del precandidato de la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, en su querella particular contra EL UNIVERSAL.
En ambas situaciones, los organismos autónomos pierden de vista que se debe procesar legalmente a quienes infringen las leyes, no a quienes cumplen su deber al informar sobre hechos que son de interés público. La incompetencia demostrada no es comprensible salvo que tanto el IFT como el INE busquen trasladar su grave responsabilidad a terceras personas, quienes no son en ningún sentido parte de los conflictos que se pretende resolver.
Las instituciones públicas existen fundamentalmente para el servicio y fortalecimiento de la democracia. Los intentos de acallar a los medios de comunicación y sus profesionales desde los organismos autónomos es un acto que vulnera a la democracia misma. Esto no puede pasar en un contexto como el que vive el país, en un año tan complejo como el actual.
Con información de El Universal
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