Personas con discapacidad se manifestaron contra la propuesta de la ministra Lenia Batres sobre las consultas en leyes que los involucren
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo su primera audiencia pública sobre el derecho a la consulta de las personas con discapacidad.
En este sentido, la ministra Lenia Batres presentó un proyecto para modificar el criterio, hoy vigente, para invalidar leyes por falta de consulta previa.
Este pleno decidió ya el 7 de octubre abandonar un criterio que hacía como obligatoria la invalidez de leyes o porciones normativas de leyes, cuando no se hubiera realizado una consulta a las personas con discapacidad específicamente”, refirió la ministra.
Así se vivió el primer día de la audiencia pública de la #NuevaSCJN, donde personas con discapacidad dialogaron y fueron escuchadas por las y los Ministros.
La audiencia continúa los días 21 y 22 de octubre, síguelas por nuestras redes. pic.twitter.com/NR8lK0IrOX
— Suprema Corte (@SCJN) October 21, 2025
Sin embargo, personas con discapacidad que se dieron cita en la SCJN se manifestaron contra la propuesta de Batres Guadarrama, al sostener que debe obligarse a los congresos a no legislar sobre sus derechos sin antes consultarlos.
“La consulta es un derecho, no una opción”, sentenció Saori Pérez Milo, quien es autista.
La ministra Yasmín Esquivel aclaró que la consulta era precisamente para escuchar a las personas con discapacidad.
Dicha postura fue reforzada por el ministro Giovanni Figueroa, quien añadió que el planteamiento de la ministra Lenia Batres “es una cuestión que todavía está sometida a debate”.
Personas con discapacidad rechazan propuesta de Lenia Batres
Previo a la consulta, diversos activistas y representantes de organizaciones de personas con discapacidad advirtieron que el cambio de criterio propuesto por Lenia Batres podría poner en riesgo su autonomía.
Podemos volver a caer en el paternalismo, podemos volver a caer en una idea de que las personas con discapacidad están enfermas y que son otros los que tienen que tomar las decisiones, ese es el riesgo y es un riesgo muy alto”, señaló Catalina Torres, del Centro Educativo para Niños Sordos.
Reclamaron que hacer que las organizaciones o personas con discapacidad soliciten las consultas es adjudicarles una responsabilidad que no les corresponde y que podría afectar sus actividades personales y laborales.
Con información de Milenio y La Jornada
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