La defensora Olimpia Martínez informó que de las más de 2 mil 300 solicitudes de amnistía por presos mexicanos, más de la mitad se negaron “sin criterios transparentes”
A tres años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía, que otorga libertad a personas privadas de su libertad, defensores de derechos humanos denunciaron este viernes que la opacidad y falta de eficacia no ha permitido que más mexicanos accedan a este beneficio.
Durante la presentación del informe “La ley de Amnistía en México”, la defensora de derechos humanos Olimpia Martínez informó que de las más de 2 mil 300 solicitudes de amnistía por presos mexicanos, “un 58 % fueron negadas sin criterios transparentes“.
De acuerdo con esta ley promulgada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, los delitos por los que se puede acceder a la amnistía a mujeres presas por realizar un aborto, cuando se cometen delitos contra la salud, robo sin violencia y sedición.
Así como por cualquier delito a personas pertenecientes de pueblos originarios y comunidades indígenas.
“El Estado (mexicano) se queda súper corto porque no es un reconocimiento integral y no facilita que todas las personas se benefician de este mecanismo. Entonces, debemos dejar muy claro que la opacidad del trabajo de la Comisión de Amnistía es enorme en todos los sentidos”, expresó Martínez.
La defensora de derechos humanos también señaló que los trabajos de esta comisión encargada de resolver los potenciales casos de libertad, por esta figura de amnistía son lentos y presentan “trabas jurídicas y burocráticas”.
También señaló que no existe un “entendimiento profundo” por parte de los operadores de justicia sobre “los elementos subjetivos de la ley”.
“Me parece que estos círculos viciosos de burocratización, de falta de entendimiento y de sensibilización por parte de los operadores de justicia no permiten que la ley avance”, consideró.
La especialista indicó que el proceso para acceder a esta libertad por amnistía puede tardar hasta un año y medio, lo que ocasiona incertidumbre entre la población recluida y que puede acceder a este beneficio.
Desde 2020, la Comisión encargada de este proceso ha sesionado diez veces y resolvió procedentes solo 332 solicitudes de amnistía, de las cuales 267 ya fueron calificadas como legales, 28 están pendientes y 28 fueron calificadas de no legales.
Martínez explicó que un 89,9 % de las personas que obtuvieron su libertad por esta figura estaban privadas de su libertad por delitos contra la salud, que tienen que ver con el transporte, internación y posesión de drogas.
En estas sesiones también se han determinado como improcedentes 1.281 solicitudes, dentro de las cuales 843 fueron notoriamente improcedentes y 438 “improcedentes de fondo”.
Asimismo, Martínez resaltó que aún falta la homologación de la Ley de Amnistía en todas las entidades mexicanas, pues solo 12 estados cuentan con una ley de amnistía aprobada por sus congresos locales.
Con información de EFE
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