El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR aclaró que la investigación por el caso Ayotzinapa siempre ha estado abierta
Eber Omar Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, informó que para la procuraduría, los 43 normalistas de Ayotzinapa tienen estatus jurídico de “cautivos”.
Por lo mismo, las 110 personas detenidas por el caso Ayotzinapa están acusadas de secuestro, desaparición forzada y delincuencia organizada, dijo Betanzos en entrevista con El Universal.
“Estamos hablando de los delitos de secuestro, desaparición forzada y delincuencia organizada. Tratándose de esos delitos, las personas se definen como desaparecidas, ‘cautivas’, y siempre han estado en ese estatus jurídico desde que se desarrolló la averiguación previa”, detalló el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR).
Betanzos Torres recordó que el caso no puede ser cerrado hasta que aparezcan las personas.
“En el secuestro, mientras no aparezcan las personas, no puede estar concluido, ni cerrado. Se trata de un caso que no está cerrado. En la desaparición además tenemos delitos que son imprescriptibles porque son de lesa humanidad, porque implican una violación grave de los derechos humanos que seguirán investigándose”, aclaró.
El subprocurador también explicó que la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula no ha sido descartada, y se llevará a cabo un tercer peritaje para buscar evidencias.
“Esa es una línea de investigación que se establece en el expediente a partir de las declaraciones de actores de esta situación posible de incineración de restos en el basurero. A partir de ellas es necesario recabar evidencias, requiere de un peritaje y este lo hemos puesto a consideración de una serie de expertos que permitan arribar a una conclusión que lleve a definir si las declaraciones son ciertas en las características que se plantean”, explicó.
El subprocrador también habló de la posible relación de los hechos con el traslado de cocaína, luego de las conclusiones arrojadas por el informe del GIEI respecto a la existencia de un quinto autobús.
“A partir de lo que han puesto de manifiesto los expertos, (se) abre este énfasis en la posibilidad de que autobuses hayan sido modificados para ser usados en el trasiego de la droga a partir de antecedentes de casos similares que la propia PGR ha consignado dentro de este expediente y que apuntan a esa posibilidad”, detalló Betanzos, quien afirmó que se investigará si hubo narcóticos en los camiones.
Finalmente, Betanzos Torres aseguró que la investigación siempre ha estado abierta desde que ocurrieron los hechos y se han llevado a cabo 660 actividades de búsqueda.
Con información de El Universal.
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