Ante posibles actos de corrupción en la concesión de dos obras públicas, la SFP recomendó a la SCT investigar a los servidores públicos involucrados
En la presentación del primer informe de Fiscalización 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó, a través de diversas observaciones, irregularidades en la asignación presupuestal para la edificación de obra pública a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Dentro de las irregularidades halladas destacan dos, como la del convenio de Concertación del trazo de la carretera federal 200, Manzanillo-Puerto Vallarta.
De acuerdo con la dependencia, el objetivo de este convenio era modificar el trazo de esa vialidad, alrededor de 780 metros, y con ello evitar cualquier tipo de incidencia vehicular. La empresa que se encargaría de esas modificaciones realizaría el trabajo a cambio de poseer el derecho de vía del trazo actual.
“Se determinaron posibles actos de corrupción debido a que se pretendió beneficiar a un particular con un bien propiedad de la nación”, expuso la Función Pública.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la dependencia, anunció que se dará inicio al proceso de nulidad del convenio sin derecho a indemnizaciones para proteger a las arcas públicas.
Recomienda Función Pública a SCT retirar concesión de tramo Amozoc-Perote
Al evento, al que asistió el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, también se dio cuenta de un sobrecosto por un mil 449.9 millones de pesos que generó la concesión del tramo carretero Amozoc-Perote y el Libramiento Perote.
En una auditoría de la dependencia, se corroboró a través de 25 observaciones incumplimientos de las bases de licitación
Por ejemplo, se detalla que en junio de 2004, la SCT inició un proceso de revocación de concesión por incumplimientos reiterados de la concesionaria, Grupo de Autopistas Nacionales S.A. de C.V, sin embargo, un mes después dicha dependencia decidió suspender el proceso al considerar que los incumplimientos no eran graves.
En el informe, la Función Pública detalla que la SCT permitió de manera ilegal que se hicieran modificaciones al acta constitutiva de la concesionaria.
Con motivo de dotar de liquidez al proyecto, la concesionaria obtuvo un crédito por 200 millones de pesos de OHL para la construcción de obras, esto para dar paso a que la empresa española pudiera participar del capital social como socio mayoritario.
A raíz de un derrumbe en el citado tramo, la concesionaria ejecutó obras complementarias, pero incurrió en gastos adicionales que para 2015 ascendían a mil 449.2 millones de pesos.
“Esto fue posible gracias al deshonroso contubernio de la pasada Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa OHL y por si fuera poco se hizo una prórroga sin fundamento alguno en la que se dio en concesión este libramiento por un periodo de 20 y de 30 años”, señaló Sandoval Ballesteros.
“Se recomendó a la SCT revocar concesión y la SFP ha iniciado las investigaciones respecto de las presuntas responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas involucradas”, puntualizó.
Con información de Notimex
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