El Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Función Pública atender la solicitud de un particular sobre la fiscalización 2017 a estancias infantiles
La Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá dar a conocer los resultados de la fiscalización que en 2017 hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al presupuesto ejercido en las estancias infantiles del país.
El hecho obedece a una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyo caso fue atendido por el comisionado presidente Francisco Javier Acuña Llamas.
Un particular solicitó a la SFP toda la documentación disponible sobre la filiación, capacitación a responsables, otorgamiento de subsidios y reglas de operación en las estancias infantiles, a fin de comprobar supuestas irregularidades denunciadas por un periódico en febrero pasado.
Pero la Función Pública, por medio del Órgano Interno de Control de la ahora Secretaría de Bienestar, aseguró que dicha información era inexistente, lo que llevó al particular a presentar el caso ante el Pleno del INAI.
Con la intervención del instituto de transparencia, la SFP dijo que el Órgano Interno de Control localizó seis quejas que podrían estar relacionadas a la información solicitada, pero que se las reservó por un año al corresponder a la fiscalización hecha por la ASF en la cuenta pública de 2016.
El INAI revisó los expedientes de queja y Acuña Llamas constató que no se refieren al periodo solicitado por el particular. Sin embargo, reiteró que la Secretaría de la Función no cumplió con el protocolo a seguir para atender la solicitud realizada, pues omitió turnarla a las direcciones generales de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y de Denuncias e Investigaciones, las cuales podrían hallar información al respecto.
Por lo anterior, el Pleno del Instituto revocó la respuesta de la Secretaría de la Función Pública y le instruyó a que realice una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, sin omitir al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Bienestar, a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, y entregue al particular la documentación que acredite lo mencionado en un periódico.
Con información de López-Dóriga Digital
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