En un comunicado conjunto, las dependencias respondieron a los tuits del presidente Donald Trump, que en días recientes a atacado a México en redes sociales por temas de migración
Este lunes, el gobierno mexicano negó promover la migración ilegal y subrayó su compromiso de atender el fenómeno migratorio en EE.UU. y México.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores aseguraron en un comunicado conjunto que la política migratoria del país se define de forma soberana.
Señaló que a través de ésta se busca asegurar que la migración ocurra de manera legal, segura, ordenada y con pleno respeto a los derechos de las personas.
“Bajo ninguna circunstancia, el gobierno de México promueve la migración irregular”, aseveró.
Esto viene luego de que el presidente Donald Trump señalara por medio de Twitter que México no hace lo suficiente por detener la migración ilegal y que las leyes de su país no permiten regresar a los indocumentados a sus países de origen.
Al respecto, consideró que la caravana conocida como “Viacrucis del Migrante” es una manifestación pública que busca llamar la atención sobre el fenómeno migratorio y la importancia del respeto a los derechos de los migrantes centroamericanos que, en muchos casos, se ven obligados a dejar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades o con la intención de obtener protección internacional por medio de la figura del “refugio”.
Detalló que esta caravana se lleva a cabo cada año en estas fechas, desde 2010, y se encuentra integrada principalmente por migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), cuyo ingreso a territorio nacional se dio sin cubrir los requisitos de ley.
El gobierno mexicano indicó que por ello, participantes de esta manifestación se encuentran sujetos a un procedimiento administrativo migratorio, en tanto que alrededor de 400 han sido ya repatriados a sus naciones de origen, con estricto apego al marco legal y pleno respeto a sus derechos humanos.
Asimismo, y a diferencia de años anteriores, aseguró, en esta ocasión autoridades migratorias mexicanas han procedido, conforme a la legislación correspondiente, a ofrecer la condición de refugio en los casos en que así proceda, así como las demás medidas de protección contenidas en la normatividad nacional.
Indicó que tal como ocurre con cualquier manifestación en vía pública, las autoridades mexicanas velan por la seguridad y la protección de la dignidad y los derechos humanos de los integrantes de la caravana, procurando también las menores afectaciones al tránsito ordinario en las vías de comunicación recorridas por esta concentración.
Ambas dependencias recordaron que, de conformidad con el Artículo 47 de la Ley de Migración, todos aquellos nacionales o extranjeros que decidan salir del territorio nacional mexicano deben hacerlo exclusivamente por los lugares destinados al tránsito internacional de personas y están obligados a cumplir con los requisitos para su entrada, establecidos por el país al que pretendan ingresar.
De la misma manera, aclaró que no compete a este gobierno ejercer decisiones migratorias de Estados Unidos o de cualquier otra nación, por lo que serán las autoridades competentes de la Unión Americana las que decidan, de ser el caso, autorizar o no el ingreso a su territorio de los integrantes de la caravana que lo solicitaran a través de los puertos de entrada y salida autorizados.
Al igual que en años anteriores, desde el 25 de marzo pasado, el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Gobernación, ha mantenido plenamente informado al gobierno de Estados Unidos sobre el desarrollo de la caravana, a través de la Embajada de ese país en la Ciudad de México.
Finalmente, el gobierno aseguró que México se mantiene muy activo en los mecanismos internacionales apropiados para dar mejor atención al fenómeno migratorio, como la Conferencia Regional de Migración (donde participan nuestro país y naciones de Centroamérica, además de Estados Unidos, entre otros).
Asimismo, indicó que mantiene un diálogo cercano con los gobiernos del Triángulo Norte y la Unión Americana para desplegar mecanismos de cooperación en materia migratoria y de seguridad, así como para promover el desarrollo y atender las causas de la migración.
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