Madres de personas desaparecidas protestaron este lunes afuera de Palacio Nacional para exigir el veto de la nueva ley de la FGR
Madres de personas desaparecidas protestaron este 10 de mayo afuera de Palacio Nacional, exigiendo vetar la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), aprobada por el Senado hace algunos días.
Mientras en la conferencia mañanera de este lunes se ofrecía un concierto para celebrar el 10 de mayo, ofrecido por el residente Andrés Manuel López Obrador, madres de personas desaparecidas realizaban su protesta.
Las manifestantes fueron atendidas por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernacion (Segob), y el subsecretario Alejandro Encinas., a quienes entregaron sus demandas
Mamás de personas desaparecidas, afuera de Palacio Nacional, frente a la Secretaria de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos. #NadaQueCelebrar https://t.co/OXwg9HlmoN
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) May 10, 2021
La nueva Ley de la Fiscalía General de la República ha sido criticada por activistas y organizaciones o gubernamentales por reducir las responsabilidades del organismo en cuanto a la búsqueda de desaparecidos.
El texto inicial, propuesto por el fiscal general Alejandro Gertz Manero provocó el rechazo de activistas y Organizaciones no gubernamentales, pues buscaba sacar a la Fiscalía de los diferentes organismos públicos de protección de derechos humanos para darle mayor autonomía.
Dice la secretaria de gobernación que siempre han estado con las familias de las personas desaparecidas, “incluso en lo de la FGR”.
Entonces @GRACE_MAHOGANY le dice que urge que el presidente les escuche y vete la #LeyGertz, que abandona y traiciona a las buscadoras. pic.twitter.com/DGgeu2CV6H
— Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) May 10, 2021
Finalmente, el Congreso decidió mantener el Ministerio Público dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero activistas denuncian que se redujeron sus competencias.
El texto aprobado establece que la Fiscalía deberá garantizar “los derechos de las víctimas”, brindarles “protección”, tomar “en consideración” las propuestas de investigación que planteen y darles acceso a registros.
No obstante, la Fiscalía General solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.
México afronta una crisis histórica de desapariciones con un registro de 86 mil 663 personas no localizadas desde 1964.
Con información de López-Dóriga Digital y EFE
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