Para que una reforma tan delicada de esta magnitud adquiera la funcionalidad que esperan los promotores de su implementación, deberán abrir el diálogo más allá de su partido. De lo contrario, solo nos espera el fracaso
Por: Javier N. Pro*
Finalizada la Jornada Electoral del 2 de junio, y avistando en sus resultados una mayoría calificada para Morena y sus partidos satélite en el Congreso de la Unión, necesaria para modificar la Constitución sin necesitar los votos de los partidos opositores, López Obrador revitaliza la iniciativa en materia constitucional que presentó en febrero, que de aprobarse no solo sería la reforma de mayor impacto y trascendencia de todo su sexenio, sino también la transformación más grande que impactaría al Poder Judicial Federal en dos siglos.
La exposición de motivos del documento presidencial refleja sin tapujos los males de los que adolece el sistema judicial mexicano a los ojos de López Obrador: ausencia de independencia en las instituciones de impartición de justicia, distanciamiento entre la sociedad mexicana y las autoridades judiciales, pérdida de credibilidad y legitimidad en sus decisiones, nepotismo, tráfico de influencias, abusos, corrupción e impunidad; son algunas de las justificantes de esta iniciativa, así como el hecho de que la designación actual de ministros de la Suprema Corte obedece más a los vínculos que aquellos tienen con las clases gobernantes que a sus aptitudes como juristas o sabios de la justicia.
En síntesis, la reforma propone modificaciones en seis ejes fundamentales:
1. Establece que los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito del Poder Judicial tradicionales, y magistrados de Sala Superior y magistrados regionales del Tribunal Electoral del PJF sean todos electos mediante voto popular en las urnas; proceso que organizaría el INE, como cualquier otra elección, pero a diferencia de los comicios que hasta ahora conocemos, los partidos no serían quienes postulen a los candidatos, sino los tres poderes de la Unión en igual proporción: Las Cámaras de Diputados y Senadores, la Presidencia de la República y la Suprema Corte de Justicia.
2. El Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente se encarga de la administración del Poder Judicial y la disciplina de sus miembros, será eliminado y sus funciones se dividirán: las administrativas en un órgano de administración judicial autónomo, presidido por cinco integrantes, y las disciplinarias por un Tribunal de Disciplina Judicial independiente, integrado por cinco magistrados con funciones de investigación y sanción, encargado de sancionar las violaciones de todos los miembros del Poder Judicial, incluyendo a la propia Suprema Corte. Los presidiarios de estos órganos autónomos también serían electos por voto popular en las urnas.
3. Se fortalece constitucionalmente el derecho a la justicia pronta y expedita, previendo plazos máximos para resolver juicios y sanciones a quienes no los respeten.
4. Queda prohibido que el Poder Judicial pueda suspender con efectos generales alguna ley o norma hasta en tanto no exista sentencia definitiva que lo justifique.
5. Establece expresamente que ningún servidor público del Poder Judicial podrá percibir un salario mayor al del Presidente de la República, pues la iniciativa señala que actualmente hay al menos 2,377 funcionarios judiciales en este supuesto.
6. Se prevé una elección extraordinaria en 2025 mediante la cual se vote por candidatos para todos los cargos mencionados, y los que resultaren electos reemplazarían a los actuales juzgadores al momento de tomar posesión el 1° de septiembre del mismo año. Es decir, todos los juzgadores del Poder Judicial en México serán reemplazados por los nuevos juzgadores electos, pudiendo participar los actuales como candidatos para mantener su cargo siempre y cuando sean propuestos por alguno de los tres poderes.
Si bien coincido con el diagnóstico de la iniciativa en cuanto al nepotismo, corrupción, tráfico de influencias, impunidad e indolencia popular del Poder Judicial, pues los he experimentado en carne propia como abogado litigante frente a algunos “tribunales de la injusticia”, la implementación de la reforma como está redactada, sin modificaciones, presenta un escenario irreal para el votante.
A Nuevo León, sin ser de los estados más poblados del país, le correspondería elegir la renovación de 16 Juzgados de Distrito, 14 Tribunales Colegiados conformados por 3 magistrados cada uno, la Suprema Corte que ahora estaría conformada por 9 ministros; en materia electoral una Sala Regional conformada por 3 magistrados, la Sala Regional Especializada conformada por 3 magistrados, la Sala Superior conformada por 7 magistrados y además 5 integrantes del Tribunal de Disciplina y otros 5 del órgano de administración judicial.
Como la votación prevista por la iniciativa es directa, recibiríamos una boleta por cada uno de los jueces, magistrados, ministros e integrantes de estos órganos. De esta forma, a cada votante se le habría de entregar 90 boletas electorales y en cada una tendría que estar decidiéndose sobre un candidato de entre al menos seis propuestas. Es decir, para poder votar de manera informada, cada votante tendría que estudiar a más de 540 candidatos, sus antecedentes, propuestas y preparación, para poder decidir por cuál votar. Y esto sin mencionar que la reforma también obliga a los estados a que sus jueces, magistrados y consejo de la judicatura locales adopten este sistema y también se elijan por votación popular.
Desde mi punto de vista la única manera de materializar con razonabilidad esta iniciativa sería postular planillas de juzgadores ancladas a los cargos más importantes, como lo serían los ministros de la Suprema Corte sobre los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito, y la Sala Superior respecto de los Magistrados Regionales del Tribunal Electoral, que sería mi primera opción de propuesta, o bien que las planillas las propongan los partidos políticos por lista como actualmente se hace con los plurinominales y la gente, si bien no conocerá a todos los candidatos, sí puede conocer con más facilidad al partido y votar por sus ideales.
Para que una reforma tan delicada de esta magnitud adquiera la funcionalidad que esperan los promotores de su implementación, deberán abrir el diálogo más allá de su partido. De lo contrario, solo nos espera el fracaso.
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* El autor es abogado por la FLDM con estudios en Harvard y Colmex, consultor político a nivel nacional en México y escritor de la serie literaria “Ýdorgea”.
Texto reproducido con autorización del autor.
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