Un juez de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a padres de niños con cáncer que ordena a la Secretaría de Salud surtir los medicamentos
Una Juez de Distrito en Materia Administrativa de la capital del país concedió de oficio la suspensión a cinco padres de niños con cáncer, quienes demandaron a la Presidencia de la República y al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), terminar con el desabasto de medicamentos.
Con esta suspensión, la juez determinó que las autoridades señaladas –además de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Seguro Popular-, tienen la obligación de surtir de manera inmediata los medicamentos para el tratamiento de los menores y así salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible a la salud de los quejosos, así como 24 horas para informar del cumplimiento de la determinación.
La determinación judicial ocurrió horas después de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentara, a través de la abogada ciudadana Andrea Rocha, un amparo colectivo indirecto para lograr que en tiempo y forma se garantizara el acceso a las terapias contra el cáncer que afecta a seis menores de esta urbe.
El amparo indirecto con número de registro 135/2020 interpuesto se sustentó en el artículo 126 de la Ley de Amparo que otorga la suspensión en casos o actos que ponen en riesgo la vida de las personas.
La juez aseguró que con base en criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, los solicitantes no deben ser privados del suministro de los medicamentos que requieren.
“Estimar lo contrario, atentaría no solo contra su salud física, sino además su propia vida, lo que revela la imperiosa necesidad de que se les suministren los medicamentos que requieren y han solicitado”, aseveró.
Con esta decisión, la abogada Rocha Ramírez, representante legal de los afectados, acudirá a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para recibir las copias certificadas con las cuales los quejosos podrán asistir a sus clínicas y exigir se les entreguen los fármacos.
Con información de López-Dóriga Digital
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